Aena se pone las botas en Canarias. El provecho es extraordinario: casi 60 millones de pasajeros en un año récord como 2025. Aena mueve casi 500 millones de euros cada año en las Islas sin que la Administración autonómica diga ni pío. De hecho, el puesto en el consejo de administración que ocupaba el catedrático Ginés de Rus, de la Universidad de Las Palmas, fue ocupado por un mandatario catalán.
La tardía reacción del Gobierno regional en sucesivos gobiernos tanto de CC, PSOE como PP, les lleva al silencio institucional ante la inacción para elevar un conflicto de competencias ante el Constitucional, según las preguntas formuladas por este periódico a las tres principales fuerzas políticas del Parlamento canario. Este periódico intentó sin éxito que Vox, con cuatro parlamentarios, ofreciera su versión de los hechos.
Ahora, Aena mira con lupa el movimiento (tímido aún) del Ejecutivo que pretende participar en el plan de inversiones del regulador aeroportuario, propietario en un 51% de su capital frente al 49% en manos de fondos de inversión anglosajones. Aena ha dirigido un comunicación oficiosa al Ministerio de Fomento alertando de las «posibles perturbaciones» para el negocio si el nacionalismo canario saca adelante su propósito. La advertencia se produjo con el conocimiento del equipo de asesores que rodea al presidente del ente, el socialista barcelonés Maurici Lucena.
Como se recordará, Canarias reabre la gestión conjunta de los aeropuertos insulares con 10 años de retraso respecto a la primera intentona nacionalista. Coalición Canaria trata de participar en la gran tarta del tráfico aéreo de las Islas que en 2025 cerrará con el mayor registro de su historia con más de 56 millones de pasajeros, por encima incluso del Prat de Barcelona. El PP, de momento, ni rechista porque fue Mariano Rajoy quien vendió en 2015 la mitad del regulador Aena al capital privado extranjero por sólo 4.000 millones de euros. Hoy, Aena vale 38.000 millones de euros. Rajoy ofrece este sábado una conferencia en Foro Canarias.
El anuncio, lanzado a la desesperada por el presidente, Fernando Clavijo, se produce plena confrontación por las asignaciones de la financiación autonómica (casi 400 millones de euros menos que debería ingresar por cuota poblacional, el 5%), el Ejecutivo saca de la manga una de las cartas constitucionales abrigadas en su Estatuto de Autonomía que se escondieron de forma sistemática durante el primer gobierno de Fernando Clavijo (CC) y, después, de Ángel Víctor Torres (PSOE).
Desde que el Estado español privatizó hace una década el 49% de Aena a 58 euros la acción (hoy vale en torno a 240 euros equivalente a los 25 euros del split bursátil), a fondos de inversión internacionales con sede en Nueva York, Londres y Melbourne, Canarias adquirió el derecho a cogestionar los 8 aeropuertos isleños, de los que al menos cinco dan beneficio constante, con 5 millones de pasajero mensuales.
Entre los años 2014 y 2015, el Gobierno de Paulino Rivero, con el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, abrieron uno de los frentes más incisivos contra la Administración central en materia de financiación, tanto en carreteras como en el REF y en los aeropuertos. Los expedientes quedaron en punto muerto a través de la ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que forzó la maquinaria de presión política de los ejecutivos de Aena sobre los diputados y diputadas de las Islas en el Congreso.
Aena prometió planes de inversión milmillonarios que quedaron muy por debajo de las expectativas, siempre que el Gobierno no acudiera al Tribunal Constitucional reparando la cogestión de los aeropuertos. Es más, cuando entró el PSOE en 2018, tampoco se cumplieron los acuerdos y Aena continuó en manos del Estado y de fondos extranjeros hasta el punto que no han admitido a Canarias ni en el consejo de administración. De momento, el plan del Gobierno para la gestión compartida carece de documentación oficial.
