Pasajeros en la rampa de un finger, junto a los logos de Aena (Fotografía Creative Commons).
Pasajeros en la rampa de un finger, junto a los logos de Aena (Fotografía Creative Commons).

Por José S. Mujica

Tribunal Supremo abre la vía para que el Gobierno de Fernando Clavijo exija al Estado la participación de la Comunidad autónoma en el control y la gestión de Aena, el ente semipúblico que controla los aeropuertos isleños.

En la sentencia del pasado 10 de febrero, el magistrado ponente Diego Córdoba lo expresa de la siguiente manera: “La Comunidad autónoma canaria podría reivindicar, siguiendo su competencia ejecutiva, la gestión de determinados servicios”.

Según fuentes jurídicas consultadas por Meridian, tanto los abogados del Ejecutivo como la Consejería de Obras Públicas y Transportes, estudian con “esmero” la habilitación de medidas oficiales para crear una sociedad mixta que permita a Canarias entrar en el núcleo duro de Aena, de la que el Estado es dueño del 51% de las acciones.

Canarias inició a mediados de 2014 una batalla legal contra Enaire (Fomento) y el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, en la que el Supremo legitima ahora la venta del 49% de Aena.

Canarias plantea el traspaso de la parte pública de los ocho aeródromos isleños, al entender que la enajenación del 49% de Aena privó al Estado de su explotación directa.

Según el escrito del  Gobierno regional bajo la dirección letrada de Francisco Jiménez de Cisneros, el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía confiere al Archipiélago plenas facultades para asumir la competencia de puertos y aeropuertos siempre que el Estado no se reserve su gestión directa.

Madrid se opuso argumentando la ”falta de legitimación” de Canarias para solicitar la nulidad parcial de sendos actos del Consejo de Ministros presidido por Rajoy en 2014 y 2015, al entender que la venta del 49% sólo modifica el capital social de la compañía.

Sin embargo, el Tribunal Supremo subraya que Canarias “no cuestiona los acuerdos impugnados (del Consejo de Ministros) ni duda de su constitucionalidad”.

El magistrado Córdoba sostiene que la segregación de acciones a grupos privados, “conlleva a la crear una sociedad de economía mixta”, que el Estado y Aena no han constituido, y “conlleva” también a “la posibilidad de que Canarias entienda que nos encontramos ante una forma de gestión indirecta que le permita reivindicar frente al Estado su competencia ejecutiva para la gestión de determinados servicios de los aeropuertos ubicados en Canarias”.

“Canarias”, prosigue el Supremo, “no esgrime precepto o título competencia que impida al Estado vender una parte minoritaria del capital de dicha entidad. Cuestión distinta es si, caso de llevarse a efecto dicha enajenación, Canarias podría reivindicar la gestión de determinados servicios, que sólo podrán plantearse cuando la venta parcial del capital de Aena se consuma”.

Fondos árabes, noruegos y americanos

La transferencia del 49% se materializó el 11 de febrero del pasado año.  Sólo 90.000 clientes minoritarios (un 2,5% del capital por imperativo legal) entraron en el reparto de una de las colocaciones en Bolsa más sonadas en la historia de España.

El 47% fue a manos de grandes fondos americanos, árabes y noruegos. Las acciones cotizaron a 58 euros el primer día de emisión. Este lunes cerraron a 105 euros, con lo que la revalorización sube al 77%. Los ingresos del grupo crecieron en 2015 por encima del 11%.

El Estado prevé ingresar en dividendos por el 51% del capital unos 160 millones, la misma cantidad que Clavijo ha convertido en la panacea de los proyectos de desarrollo y empleo para Canarias como transferencia del ITE.

En un año, los inversores privados de Aena (dueños indirectos de los aeropuertos isleños) han revalorizado sus acciones en 3.400 millones de euros, la mitad del presupuesto canario en un año y mil millones de euros superior al presupuesto dedicado a Sanidad.

El folleto de salida a Bolsa, supervisado por la CNMV, incluyó las advertencias legales del Gobierno canario oponiéndose al traspaso.

La propiedad privada de Aena la forman, entre otros: fondos soberanos de Abu Dabi, Singapur y Oslo, BlackRock, Canadian Pension Plan, Macquaire, George Soros, TCI, Bank of America, Morgan Stanley y Fidelity.

El pasado año, los aeropuertos canarios recibieron más de 36 millones de pasajeros, casi tantos como el Prat de Barcelona.


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