José María Entrecanales, dueño de Acciona.

Acciona destituye a Justo Vicente Pelegrini, hasta ahora era director de Construcción para España de la compañía. No obstante, aclara que el cese «no prejuzga eventuales responsabilidades legales ni responde a conclusión alguna de la investigación interna, aún en fase inicial». En los audios grabados por la Guardia Civil también figuran otras constructoras de relieve, como Ferrovial y Sacyr. Las tres compañías cotizan en el Ibex-35 de la Bolsa española.

Es una de las medidas que el grupo ha tomado a raíz de que su nombre aparece en las investigaciones de la Guardia Civil dentro del ‘caso Koldo’ por presuntas mordidas y amaños en las adjudicaciones de obra pública.

El grupo de la familia Entrecanales ha anunciado, además, que comenzará a resolver los contratos y acuerdos que mantiene con Servinabar 2000, la compañía directamente señalada por el informe de la UCO en presuntos amaños en la adjudicación de obra pública en el ‘caso Koldo’.

En un comunicado, Acciona afirma que ha decidido iniciar «los trámites para la resolución de los contratos y acuerdos de asociación vigentes» que relacionan a la empresa y a cualquiera de sus filiales con Servinabar 2000. La decisión, asegura, se ha tomado por «el incumplimiento por parte de Servinabar 2000 de los compromisos contractuales» adquiridos con Acciona Construcción de respeto y sujeción «a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia».

El mismo día que se hizo público el informe de la UCO, Acciona anunciaba el inicio de una auditoría interna para depurar presuntas irregularidades en su organización, ya que, según la investigación, Acciona es una de las empresas que recibieron contratos de obra pública bajo sospecha.

Entre los empresarios con presunta implicación está Fernando Merino, excargo de Acciona Infraestructuras y Acciona Construcción. «Su participación en los hechos guarda relación con la posible influencia ejercida sobre Koldo con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública en favor de dicha sociedad», según señaló Anticorrupción en el informe en el que pidió la entrada y registro en su domicilio.