La Fiscalía Anticorrupción pide al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la celebración de una vistilla para revisar las medidas cautelares impuestas a Koldo García y José Luis Ábalos, con el fin de valorar si debe acordarse su ingreso en prisión. En estos momentos, pesa sobre ellos la retirada del pasaporte para que no puedan salir del país y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.
La petición de esta vistilla, que se recoge en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llega apenas unas horas después de que Alejandro Luzón haya solicitado para los investigados penas que oscilan entre los 7 y los 24 años de cárcel por el presunto cobro de comisiones en la compra de material sanitario durante la pandemia.
En concreto, 24 años para el ex ministro de Transportes, 19 y medio para su ex asesor, así como multas superiores a 3,7 millones de euros por presuntos delitos de organización criminal, delito continuado de cohecho, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y malversación.
Además, pide que ambos acusados indemnicen de manera conjunta a las empresas públicas INECO con 34.477 euros y a Tragsatec con 9.500 euros por el enchufe de Jésica Rodríguez, compañera de Ábalos. Respecto al empresario Víctor de Aldama, pide 7 años. Pues, cabe recordar que el conseguidor de la trama ha colaborado con la Justicia a lo largo de todo este tiempo y se ha autoinculpado en varios delitos.
