La Guardia Civil considera acreditada la «influencia» del empresario Víctor de Aldama en el Gobierno canario que presidía Ángel Víctor Torres «mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos» para conseguir la «adjudicación de contratos públicos», según el informe de más de 340 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), del que sólo han trascendido menos de 90 folios por difunciones tecnológicas.
La Benemérita reproduce mensajes entre el ex asesor personal del ex ministro de Transportes y Aldama en los que le envía pantallazos de sus conversaciones con el actual ministro de Política Territorial, para que una empresa (Soluciones de Gestión), cobrara por la vía de urgencia los contratos de adquisición de mascarillas y equipos de protección durante la pandemia por coronavirus, en 2020.
El informe, del que ha trascendido a los medios su contenido, se expresa que en la relación de la trama de Ábalos y Koldo con el Gobierno canario existiría «una dinánica presuntamente delictiva que se valía de una serie de actores ya conocidos». Así, «Aldama y Koldo prevalecen como figuras determinantes en el perfeccionamiento de las conductas» que se investigan. Recuerdan los investigadores que «Ábalos fue nombrado titular del Ministerio de Fomento en junio de 2018» y que nombró a Koldo García como asesor para que se hiciera cargo de «múltiples tareas entre las que se encontraba la consecución de contratos de material sanitario para diferentes administraciones».
En este contexto, la UCO destaca que Koldo priorizó a la empresa Soluciones de Gestión, asesorada por Aldama, a cambio del cobro de comisiones que percibió de este empresario, al menos, «desde octubre de 2019». Se trataba, abunda la Guardia Civil, de «una suerte de nómina que permitía la petición de favores desde Aldama hacia Koldo, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio de Transportes». «Este pago recurrente permitía, por tanto, a Aldama tener acceso al propio ministro (Ábalos)». «Esta relación económica de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022», prosigue el informe, que amplía el ámbito de actuación a los contratos del Gobierno que dirigía Torres.
En la contratación de la empresa de Aldama con la Sanidad canaria, operaba como director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, tras sustituir en un polémico Consejo de Gobierno (un mes antes) a la diputada socialista y consejera de Sanidad, Teresa Cruz.
Es en esas semanas, es donde la UCO pone el foco en «la primera referencia», que se remonta a «abril de 2020». Fue entonces cuando Koldo facilitó al empresario el contacto de Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia canario.
Olivera, que ejerció como jefe de gabinete en el Ministerio de Política Territorial (dimitió en 2025), accedió a la contratación del material sanitario y fue reportando los movimientos a Koldo García. «Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo», le anticipó tras los primeros mensajes. Por lo que la UCO «concluye» que la empresa Soluciones de Gestión «ya estaría suministrando mascarillas a la Administración canaria incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato, lo cual tuvo lugar el 22 de abril». Asimismo, considera muy relevante «el control que Koldo parece ostentar en estas operaciones, llegando a preguntarle al propio viceconsejero la cantidad de material que se pueden quedar».
Tras los contactos entre Koldo, Aldama y el Gobierno canario para la venta del material, Olivera puso en marcha la maquinaria administrativa y ordenó a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (Ana Pérez), que materializara «relativamente rápido» la adquisición de cinco millones de mascarillas a la referida empresa «como si fuera algo recién llegado a posteriori de sus conversaciones». La jefa del Servicio de Contratación, sin embargo, alertó de que tenía dudas de que se pudiera llevar a cabo una compra de estas características «sin pasar por el Gobierno, apuntando que habría que convalidarlo», al tiempo que advirtió: «A mí me da igual de dónde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos».
A pesar de los reparos de la funcionaria, «se suceden una serie de correos electrónicos relacionados con la gestión del pedido, empezando por dar de alta a la empresa en el sistema informático contable de la Administración». De tal forma que al mismo tiempo que la empresa vinculada a Aldama «daba por sentado el envío de mascarillas» por parte de «los responsables de la tramitación de la compra en la Administración canaria aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación». Esto es, si las mascarillas «eran aptas o no para el uso sanitario».
En uno de los mensajes por Whatsapp, se expone (en el informe de la UCO) que el ministro propondría el relevo de la titular de recursos económicos del Servicio de Salud si no procedía al pago inmediato.
