Canarias reclama a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), imitar la «sensibilidad» que la Unión Europea (UE) otorga a España en materia fiscal ante el «reiterado» incumplimiento del Gobierno de Pedro Sánchez con los techos de gasto y endeudamiento de las cuentas públicas.
En declaraciones a este periódico, la consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Matilde Asián (PP), lleva meses buscando un acuerdo con Montero para «flexibilizar» la orden ministerial en lo que respecta a la «singularidad» histórica de Canarias, de manera que las herramientas financieras que impone el Estado a las comunidades autónomas, eximan a Canarias. «Se trata de que no opere la regla de gasto en las Islas«.
La regla fija unas parámetros «cicateras«, con tasas de crecimiento para España del 2,8% para 2024, y del 3,2% para 2025. «Es un asunto que nos preocupa» porque incide, a juicio de la consejera, en el perfil de los presupuestos para 2025. «La dinámica del Gobierno de España perjudica a las comunidades autónomas«, denuncia. «Estamos descontentos porque significa que aumentaremos el presupuesto en 300 millones de euros, cuando, en realidad, tenemos una recaudación muy superior, con incrementos del 6%, 8% o un 10%, según los impuestos«.
«Desde cualquier óptica, podría decirse: ‘¿Para qué voy a tener una recaudación tan alta? Pues, la bajo’. Pero, claro, si la orden ministerial fija, de manera tan pequeña, inexorablemente tengo que producir un superávit, porque no me permiten que lo baje. Luego, las comunidades autónomas como Canarias, cada día más, nos vemos forzadas a a tener un superávit. Significa que no puedo gastar y que ni tan siquiera lo puedo destinar a bajar los impuestos, porque nos lo impide la propia regla del gasto. Te limita el gasto. Es decir, si bajamos el Igic , consumimos parte de esos 300 millones. Es decir, el Gobierno español ha creado un sistema en virtud del cual la recaudación no se acompaña con el gasto que nos permite hacer. Se produce una quiebra entre la recaudación, que es muy alta, y lo que nos permite gastar».
«Insisto, y es muy importante aclararlo:¿Y cómo lo ejecuta el Ministerio? A través de una orden ministerial que fija el crecimiento. ¿Y por qué es tan bajo? Porque se basa en un cálculo matemático con un límite mínimo del 2%, que data de un tiempo donde era real, pero no sirve para los años 24 y 25. Ese 2%, por ejemplo, no es la verdadera inflación que arroja España en términos nominales. Si cambiamos la orden, podríamos disponer de más margen, y no solucionaría todo el problema pero nos aumentaría la posibilidad de elaborar un presupuesto que crezca por encima de los 300 millones, que irían destinadas a satisfacer servicios sociales o a bajar los impuestos».
Matilde Asián, inspectora tributaria de profesión y ex presidenta de la Zona Especial (ZEC), asume que habrá «descontento» social cuando se compruebe que «tenemos que producir superávit sin que lo podamos gastar, porque es lo que esa regla del Ministerio obliga a las comunidades autónomas«.
La consejera recuerda que en 2023, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, trasladó al Estado la modificación del artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que regula la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, de manera que no se puede superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española.
Asián subraya que Canarias atraviesa la senda del cumplimiento constitucional, tal y como consagra su artículo 134, en lo equivalente al equilibrio estructural y la deuda pública por debajo lo exigido. «Y ambos requisitos los cumplimos, con lo cual no nos deben imponer mayor castigo. Por lo tanto, las medidas coercitivas derivadas del artículo 12, que son del año 2012, con situaciones económicas muy distintas a las actuales, donde las administraciones incurrían en déficit, no son las de ahora».
«El Gobierno canario convocó a todos los partidos con el fin de que Madrid impusiera una reforma de la orden ministerial, pero los grupos políticos de la oposición propusieron incorporar a los corporaciones locales, que están sujetas a un objeto de deuda colectiva, no individual, por eso no las pusimos y porque además no están recogidas en el artículo 134 de la Constitución. Así y todo, lanzamos una redacción dándoles aire para que teniendo ingresos no lo puedan gastar. A día de hoy, la propuesta está empantanada«.
«Pero es que además«, expresa la consejera, el presidente Clavijo «también insistió en modificar la tasa potencial de crecimiento de la orden ministerial, porque estamos viendo que las circunstancias sociales y económicas son otras. Y, como no la han cambiado, lo recalco: ‘Estamos realmente preocupados porque vemos que recaudamos más de lo que gastamos. Normalmente, el superávit es para disminuir la deuda, y deuda, la verdad, tenemos poca’, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola«.
«En Canarias, desde el Gobierno, pese a sufrir una situación que no es razonable, entendemos que la regla del gasto debe existir, pero que se compute un límite más ajustado a la realidad económica del país de ahora mismo».
Matilde Asián recuerda que, para 2025, la Unión Europea flexibilizó los términos españoles, acogotados por un déficit excesivo y una deuda elevada. «Bruselas no impuso a España un plan de ajuste. Acordó un plan fiscal estructural del que las comunidades autónomas no sabemos nada, y cuyo plazo expiraba este 20 de septiembre. Y lo avisamos desde el comienzo del año 2024, donde ya preveíamos un problema«.
Presupuesto regional de 11.600 millones para 2025
La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea establece el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025 en 11.604,26 millones de euros. Esta cifra supone 302,89 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2024, lo que representa un crecimiento del 2,68%.
El límite de gasto no financiero lo marca la regla del gasto, cuya aplicación conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 417,77 millones de euros para 2025 y un saldo estructural positivo de 496,8 millones de euros.
En consecuencia, un total de 439,34 millones, provenientes de mayores recursos del sistema de financación autonómica y de otros ingresos no financieros de 2025 respecto al inicial de 2024, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar a financiar las necesidades básicas de los canarios o bajar impuestos.
Por ello, ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, desde la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, se veía necesario que las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias apoyen la propuesta de disposición legal para las comunidades autónomas planteada por el Gobierno de Canarias, que propone que el incumplimiento de la regla de gasto, no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas, siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. «Esta propuesta de disposición del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea», según la consejera.
El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las Comunidades Autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
