Reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, se asomó a un fracaso en el Congreso de los Diputados.
La solicitud del Gobierno regional, respaldada por CC, PSOE o Sumar, contó con el rechazo previo de Junts (Catluña), Vox y, sobre todo, del PP.
El PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería. En concreto, se registraron 349 votos, 171 a favor, 177 en contra (PP, Junts y Vox) y una abstención, de UPN. En las papeletas del PP se incluyen los seis diputados canarios.
La proposición de ley fue registrada la semana pasada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería buscaba repartir de forma obligatoria menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. La única posibilidad que le queda ahora al Gobierno de Canarias es que se apruebe mediante decreto ley, que también tendrá que contar con el respaldo de los populares en una votación de convalidación.
Los seis diputados populares de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife están en el punto de mira. El voto contrario a la dispersión de menores, chocaría contra los deseos del vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez, líder del PP canario, frente a la estructura estatal que dirige Alberto Núñez Feijóo.
El periódico El País había adelantado, en su edición digital, que tanto Junts como PP derrocarían los cambios en la norma de extranjería.
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, acudió a Madrid para asistir a la jornada parlamentaria, junto a la consejera Candelaria Delgado.
CC pidió aplazar la votación. La única diputada en Madrid, Cristina Valido, insistió en que «Canarias se ha desgañitado».
En Canarias viven, ahora mismo, 6.000 menores africanos no acompañados. Sólo 2.000 están escolarizados. La capacidad de recursos de las Islas solo permiten acoger entre 1.500 y 2.000.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería buscaba repartir de forma obligatoria menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. La única posibilidad que le queda ahora al Gobierno de Canarias es que se apruebe mediante decreto ley, que también tendrá que contar con el respaldo de los populares en una votación de convalidación.
