Camioneros y transportistas de mercancías del Puerto de La Luz dicen basta a las eternas esperas delante del Punto de Inspección Fronteriza (PIF), encargado de visar la cargas que entran en el mercado isleño.
Este martes las colas se eternizaron hasta el punto de que la patronal del transporte tomó posiciones de protesta.
Ni siquiera la reciente esperanza abrigada en la resolución del Consejo de Ministros, a propuesta de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), autorizando a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a licitar un contrato de obras para la construcción de nuevas instalaciones fronterizas de control de mercancías en el puerto de Las Palmas, por un valor de 18 millones de euros y una duración de 18 meses, contuvo los ánimos.
Lejos de agilizar los trámite, el PIF se ha convertido en un tapón en vísperas de Navidad y Reyes para las laborres de inspección, sobre todo sanitaria, lo que provoca que los camiones que portan los contenedores eternicen las gestiones, arriesgando pérdidas y défici en el servicio.
Tanto la Delegación del Gobierno, de quien depende el servicio de inspección del PIF, como la Autoridad Portuaria de Las Palmas, vienen apostando como solución a la construcción de unas nuevas instalaciones previstas para el PIF en el plazo de unos dos años, pero los transportistas exigen que se aporten medidas con carácter inmediato que permitan operar con normalidad, ya que a la falta de espacio se une la escasez de técnicos habilitados para las inspecciones, afirma el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte, José Ángel Hernández.
“Es inasumible disponer de cita para revisar un contenedor a primera hora y que tenga que esperar hasta mediodía para que quede liberado”, aseguran los transportistas.
La Asociación de Empresas de Transporte de Mercancías, Asemtra, ha trasladado a la FET el enorme malestar que sufren los transportistas por jornadas perdidas que luego son imposibles de repercutir a los clientes, además de los reiterados retrasos en la entrega de mercancía al destinatario final, por lo que se están planteando la posibilidad de cesar colectivamente en la prestación de los servicios al PIF si no se garantiza un funcionamiento adaptado a la demanda actual.
