Eutanasia en Canarias ya es una realidad.
El Gobierno canario, por medio de la Consejería de Sanidad, crea el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en el programa y protocolo de la ayuda para morir.
La primera regulación autonómica se promulgó el 24 de junio de 2021, de manera que se da cobertura «jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia», según fuentes oficiales, que recalcan la idoneidad de «introducir en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual».
El Gobierno entiende por eutanasia «la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por esa persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios«.
La Ley canaria consiente la prestación de ayuda para morir y establece las condiciones para su ejercicio, el procedimiento que se debe seguir y las garantías que «han de observarse para hacerla efectiva, mandatando la inclusión de esta prestación en la cartera común de servicios del Sistema de Salud con financiación pública«.
Canarias estipula la creación de Comisiones de Garantía y Evaluación con el fin de que emita informes públicos, tanto de oficio como a solicitud del Gobierno de Canarias, el consejero de Sanidad (Blas Trujillo, PSOE), el director del Servicio Canario de la Salud (Conrado Domínguez) y la Comisión Asesora de Bioética de Canarias.
Los informes de la Comisión de Garantía y Evaluación de la prestación de ayuda para morir de Canarias tendrán carácter facultativo, serán motivados y se realizarán siempre por escrito, informan las fuentes consultadas por este periódico.
La segunda regulación autonómica se publicó el 13 de julio, en referencia a los sanitarios que rechazan la eutanasia como método facultativo, que figurarán en un registro confidencial.
Tienen la consideración de profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir, con carácter general, las personas profesionales de medicina, enfermería y farmacia, sin perjuicio de la eventual afectación puntual de otra profesión sanitaria.
El registro dependerá directamente del órgano del Servicio Canario de la Salud con competencias en materia de programas asistenciales y desagregará los datos por profesión y sexo.
La objeción de conciencia es un derecho individual del profesional sanitario directamente implicado en la realización de la prestación de ayuda para morir, que deberá ejercerse mediante su declaración anticipada y por escrito.
El PSOE y Podemos, con los votos a favor de los nacionalistas canarios CC y NC, sacaron adelante la regulación de poner fin a sufrimientos intolerables sin perspectiva de curación o mejoría, por 198 votos a favor y 138 en contra, según la sesión de diciembre de 2020.
En 2019, el Colegio de Médicos de Las Palmas difundió una encuesta donde el 68% de los facultativos opinaba que la eutanasia debería regularse la eutanasia por Ley.
Un 78,4%, creen que deberían tener derecho por ley a negarse a llevar a cabo la eutanasia o el suicidio asistido si son contrarias a sus creencias personales o religiosas.
El 58,3% de los médicos no solicitaría la objeción de conciencia en caso de aprobación de la Ley, mientras que el 28,5% sí la solicitaría.
La plataforma Derecho a Morir Dignamente (DMD) estima que en España unos 4.200 pacientes solicitarán el protocolo de eutanasia. En Canarias, esa cifra rondaría las 200.
