Asociación de Afectados Hipoteca Norte de Gran Canaria tumba un embargo del BBVA contra una residente isleña que dejó de pagar 5 cuotas del crédito hipotecario contraído en 2005.
Una sentencia reciente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Santa María de Guía, dirigido por la magistrada Ana Moreno, cancela la ejecución del BBVA y condena a la entidad financiera al pago de las costas judiciales.
El caso lo asumió la Asociación de Afectados Hipoteca Norte de GC, presidida por Francisco Santana, que funciona sin ánimo de lucro y con asistencia gratuita desde 2009 con más de 100 voluntarios.
Con la asistencia letrada de Andrés Roda Hernández, de Las Palmas, la Asociación logra un fallo judicial «histórico«, según declaró a este periódico Francisco Santana, contra la aplicación de las cláusulas abusivas en los contratos donde las estipulaciones no han sido negociadas ni las prácticas se han sometido al consentimiento del hipotecado.
El Juzgado, con fecha 31 de marzo de 2021, declara, en una sentencia de 9 folios, el archivo de las actuaciones del BBVA contra la clienta al no reunir los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos en el artículo 24 de la Ley de Crédito Inmobiliario (LCCI), en vigor desde 2019.
El conflicto arrancó en un préstamo suscrito el 23 de septiembre de 2005 y novado en 2007, por un importe de 241.372 euros, con un plazo de 30 años, que se dio por vencido de forma anticipada el día 15 de abril de 2014, tras el impacto de 5 cuotas que ascendían a 4.690 euros y que suponían el 1,94% del capital prestado.
La Asociación Afectados Hipoteca Norte GC analizó el caso en 2017 y lo puso en manos de profesionales acreditados para evitar el desahucio de la afectada. Después de 7 años de angustias, según Santana, el banco se ve en la obligación de renegociar las condiciones del crédito.
En el fallo, el Juzgado de Guía hace alusión a la cláusula (abusiva) que aplicó el banco, “de forma que la falta de pago en sus vencimientos de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses”, daba pie a la ejecución del inmueble.
«Esta potestad de la entidad financiera, redactada en términos tan genéricos, sin tomar en consideración si el incumplimiento es grave o no, debería calificarse de abusiva atendiendo a la doctrina jurisprudencial. En efecto, la posibilidad de ejercer esta facultad ante incumplimientos de obligaciones de poca trascendencia en relación al global del contrato produce un desequilibrio objetivo en los derechos y obligaciones de las partes en contra de las exigencias de la buena fe y en perjuicio del consumidor, presumiéndose que tal facultad no ha sido negociada individualmente ni ha sido consentida expresamente por éste. En este sentido, la referida cláusula no cumple los requisitos del art 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo«.
La jueza acuerda el sobreseimiento de la ejecución del BBVA y manda alzar (cancelar) «los embargos y demás medidas de garantía que se hubiera adoptado”.
