Puerto Las Palmas pide al Estado que explique cómo regular nuevos remolcadores, según reconoce a Espiral 21 el director del ente público, Salvador Capella.
La dirección de la Autoridad Portuaria elevó un escrito a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, para que se pronuncie sobre el pliego de prescripciones técnicas, un documento administrativo que regula los servicios, capacidad y flota de los operadores.
Puertos del Estado está presidido por la canaria Ornella Chacón y tiene sobre mesas pliegos similares de casi todos los puertos españoles que dejó sin resolver su antecesor, José Llorca.
En el verano de 2018, la empresa alemana Fairplay tramitó ante la Autoridad Portuaria que preside Juan José Cardona, los primeros documentos para incorporar hasta 5 barcos remolcadores en los muelles de La Luz.
La actividad de remolque recae hasta ahora en Boluda Corporación Marítima, que viene cumpliendo con el cien por cien de los servicios en los puertos de La Luz, Arrecife y Puerto del Rosario.
La compañía, propiedad del naviero valenciano Vicente Boluda, es líder de la actividad en casi todos los puertos españoles, además de que ocupa una posición destacada en otros enclaves de envergadura como Marsella, Hamburgo o Casablanca.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas pretende cubrir un hueco en la reglamentación de manera que «estén meridianamente claras» las condiciones regulatoria.
Bruselas, por su parte, prevé que los Estados miembros de la UE queden liberalizados en varios sectores portuarios a partir de la primavera de 2019, sobre todo, en remolcadores, amarradores o estiba.
Hasta que entre vigor la liberalización, Puertos de Las Palmas anhela dar «la misma oportunidad a todos«, ya el actual pliego corresponde a una actuación administrativa de 1993 que ha queda superada con el paso del tiempo.
Boluda ha transmitido en reiteradas ocasiones que opera 24 sobre 7 en los 3 puertos de ámbito estatal de las 3 islas orientales y que cualquier nueva empresa debe cumplir como mínimo con los «mismos servicios«.
Fuentes de Fedeport, la única de las 3 patronales portuarias con una vocalía en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, entienden que «debe prevalecer, como en cualquier actividad económica, la defensa del interés general de manera que favorecer la competencia no dé paso a supuestos de competencia desleal«.
Según un Real Decreto de 2011, las autoridades portuarias deben aprobar los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios.
Además, están obligados como entes públicos a escuchar el parecer de los operadores económicos, usuarios y sindicatos más representativos.
Una vez confeccionado el informe, Puertos del Estado emite una opinión vinculante antes de su aprobación definitiva, de ahí que Las Palmas haya optado por recabar ante Madrid un criterio orientativo.
