Archivada la denuncia de la multinacional francesa Saur contra Emalsa por decisión del Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas, según adelantó en exclusiva el programa El Espejo Canario, de Francisco Chavanel.
Saur, titular del 33% del accionariado de Emalsa, interpuso en 2012 acciones penales contra dos ejecutivos de su compañía, José Rubio y Pablo Abril, por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un inmueble en la capital grancanaria por encima del precio de mercado.
La denuncia correspondió al entonces presidente de Saur Internacional, el francés Jöel Séché, tras abrir una investigación interna y detectar posibles anomalías en las actuaciones de Rubio y Abril.
La operación inmobiliaria la ejecutó ese año la empresa Sercanarias, de la que son dueños al 50% la propia Saur y Valoriza.
El edificio formaba parte de los activos de Seguridad Integral en la calle Alfred Nobel. Según Séché, la negociación dio lugar al pago de 2,6 millones de euros, cuando las tasaciones de la que disponía el CEO galo apuntaba hacia el millón de euros.
Séché salió de la compañía dos meses después de la denuncia (mayo de 2012) y auditorías posteriores de Suar reflejaron otras valoraciones del inmueble que oscilaban entre 3 y 5 millones de euros.
La nueva dirección se desmarcó del proceso judicial en Las Palmas al no observar irregularidades.
Séché mantuvo una segunda demanda en calidad de accionista particular de Saur.
Ahora, la Corte de Versalles, en Francia (y no el Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas, como informó por error este periódico), archiva la causa al no observar indicios delictivos, según El Espejo Canario.
Una vez que las partes accedan al auto de sobreseimiento, se iniciarían las pertinentes alegaciones para tratar de poner fin a otro procedimiento que se sigue en paralelo a instancias del ex alcalde de la ciudad capitalina, Juan José Cardona.
Desde 2013, la sección de Delitos Económicos acusa de fraude societario a los gestores de Emalsa, al considerar que entre 2008 y 2013 se pudieron firmar contratos, adjudicar servicios y cobrar remuneraciones en beneficio de sus entidades y en perjuicio de los ciudadanos, según fuentes oficiales del Ministerio Público.
