Turismo aprueba un decreto para conciliar los intereses de particulares y de las empresas gestoras de complejos extrahoteleras, según la consejera del Gobierno canario, Jéssica de León (PP).
En la nueva norma, que se aprobaría antes de las elecciones de mayo de 2027, la unidad de explotación pasa a llamarse unidad de operaciones con el fin de unificar criterios como la obligación de los propietarios a participar en los gastos de actividades turísticas, como camareros, recepcionistas y limpiadores, de manera que asuman responsabilidades directas en la estructura presupuestaria del negocio.
En declaraciones a Radio Sol, del periodista Diego Recio, desde la Feria de Turismo de Londres, De León pidió disculpas a los sacionados por la Ley de Turismo en vigor. «Pido perdón a los que tengan residencias o viviendas vacacionales. El cargo implica cargas…, por eso pido perdón, porque es necesario. Esta Consejería heredó las sanciones propuestas y me ha tocado a mí. La última legislatura las dejó sin firmar. Entiendo la apatía o la repugnancia que puede dar pero había que cumplir la ley, una ley que tiene 13 años y como no sirve, tenemos que cambiarla».
La consejera, que prevé concurrir a los comicios locales como candidata a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, asegura que su objetivo y el de su departamento pasa por garantizar la seguridad jurídica. «No vamos a permitir chantajes a los operadores al amparo de la Ley, ni tampoco vamos a admitir a quien no cumpla el cien por cien de la explotación turística».
Según fuentes empresariales, la consejera lleva dos años buscando el consenso en base al interés generales. «Se comprometió y entendemos que ha cumplido su objetivo».
La unidad de explotación se concibió en la Ley de Ordenación Turística de 1995; ocho años después, bajo el mandato de Paulino Rivero, se definió la obligatoriedad de uso turístico de los extrahoteleros, partiendo de la base de que se trababa de una herramienta para un conjunto unitario de construcciones con el fin de que se sometiera a una única empresa gestora.
Una vez aprobado el decreto, que ya cuenta con el visto bueno del presidente, Fernando Clavijo (CC), según la consejera, se permitirá que los particulares que utilicen su inmueble como residencia sólo participarán de los gastos comunes, siempre que acrediten a una antigüedad anterior a enero de 2017. Si incorporan el apartamento o el bungalow a la actividad turística del complejo, tendrán que abonar los conceptos comunitarios, una obligación extensible a las viviendas vacacionales reguladas a partir del 13 de diciembre de 2025.
Gran Canaria y Fuerteventura son las islas más afectadas por la unidad de explotación en el conflicto de intereses con los propietarios individuales, ya que estas dos islas cuenta con mayor planta extrahotelera que el resto. Se calcula que Canarias ha perdido unas 60.000 plazas turísticas como consecuencia del litigio, de las que más de 20.000 corresponden a Gran Canaria.
La consejera de Turismo adelantó a Radio Sol que el proceso se facilitará y agilizará con la cooperación de los ayuntamientos en la adecuación de sus ordenanzas municipales a los planes de ordenación, como ha ocurrido en San Bartolomé de Tirajana y, en próximas fechas, en Mogán.
