Palo de la Justicia al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, posiblemente, el mayor de sus tres mandatos al frente de la corporación insular. Según fuentes de la oposición política, «se han cometido graves errores en la estrategia jurídica del Cabildo».
El Tribunal Supremo acaba de inadmitir el recurso de casación presentado por el Cabildo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había anulado la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), según adelanta el periódico La Provincia en su edición digital.
La decisión, adoptada en providencia el 21 de octubre y notificada este jueves,supone un nuevo revés judicial para la economía de la isla, ya que una nueva planificación territorial obliga a revisar la totalidad de las inversiones y proyectos tanto públicos como privado.
Los letrdos del Cabildo aspiraban a revertir la resolución que dejó sin validez la revisión de este instrumento de planificación territorial.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha acordado inadmitir a trámite el recurso del Cabildo, al considerar que el conflicto jurídico se centra en la interpretación y aplicación de la legislación urbanística de Canarias, una materia sobre la que este tribunal no puede pronunciarse mediante el
recurso de casación planteado.
La decisión deja sin modificar la sentencia del TSJC, que había declarado la nulidad de la revisión del PIO aprobada por el Cabildo el 29 de diciembre de 2022 para adaptarse a unas directrices de 2003 que habían sido derogadas en buena parte por la Ley del Suelo de 2017.
El Alto Tribunal entiende que estas cuestiones tienen un carácter secundario respecto al verdadero motivo de la controversia, que reside en determinar cómo deben interpretarse y aplicarse las leyes urbanísticas canarias.
