Víctimas del Terrorismo se oponen a las pensiones vitalicias para el Polisario
Acavite, presidida por Lucía Jiménez, rechaza la iniciativa parlamentaria para reconocer los derechos de jubilación de los dirigentes de la RASD y los descendientes saharauis mientras no se reconocen los atentados pendientes
Asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo de España (incluida la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite, presidida por Lucía Jiménez), en reunión celebrada en Madrid, piden con urgencia a los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso de los Diputados, como PSOE, PP, Vox, PNV, Ciudadanos, PNV, Grupo Mixto de Coalición Canaria, Más País, y resto del arco parlamentario, que “paren de inmediato, la pretensión de votar a favor de una moción parlamentaria en fase inicial, para otorgar a los dirigentes del Frente Polisario y descendientes saharauis, -como es el caso del presidente de la RASD, Brahim Ghalli-, para otorgarles pensiones vitalicias a cargo de los presupuestos y erario de los españoles”.
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Las asociaciones se oponen, además, a la concesión de “la nacionalidad española, que beneficiaría y ampliaría por la puerta de atrás, a los miles de nacidos supuestamente, antes de que España abandonara el Sáhara y todos sus descendientes”.
“Pedimos que no secunden la negativa del grupo socialista en la Cámara Baja, en la disparatada y humillante pretensión de conceder beneficios contraproducentes a dirigentes y miembros del Frente Polisario saharauis, que hasta la fecha, no han pagado ni colaborado con la Justicia española para esclarecer los brutales atentados terroristas contra nacionales españoles, mayoritariamente canarios, andaluces, gallegos y vascos”.
“No en vano”, prosigue el comunicado, “muchos de estos saharauis que paralelamente son dirigentes polisarios durante 50 años, tienen interpuesta una denuncia la Audiencia Nacional por los casi 300 atentados terroristas y bombas, ejecutados contra trabajadores civiles españoles, mayoritariamente canarios, que operaban dentro de la empresa minera Foss Bucraá y contra pescadores nacionales, que fueron asesinados, heridos, ametrallados, secuestrados, torturas y desaparecidos (catalogados estos últimos como delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben ), perpetrados por el Frente Polisario y Mpaiac, desde 1974 y hasta 1987. Se da la circunstancia inexplicable, que aún muchas de las viudas y huérfanas canarias de estos atentados perpetrados por el Frente Polisario, no tienen concedidas pensiones extraordinarias de víctimas del terrorismo equiparadas como tales viudas y huérfanos, además de las legítimas indemnizaciones, por parte del gobierno español”.
