UNIVERSIDAD ULTIMA EL DESPIDO MASIVO DEL PERSONAL INTERINO
Oposiciones a la ULPGC marcadas por la polémica al convocarse las plazas de funcionarios por vía libre sin valorar la experiencia laboral de un sector de la plantilla que lleva 20 años con contratos de sustitución
Universidad de las Palmas de Gran Canaria ultima el despido masivo del personal administrativo interino, según fuentes sindicales consultadas por este periódico que cuestionan las bases de las oposiciones que acaba de publicar la gerencia.
La ULPGC que preside el rector Rafael Robayna ha optado por la vía de exámenes libres y abiertos sin valorar en las puntuaciones la experiencia laboral de un sector de la plantilla que lleva 20 años concatenando contratos de sustitución.
Las personas afectadas podrían superan las 300, casi el 40% de los 817 trabajadores que forman las unidades de Personal Administración y de Servicios (PAS) de la Universidad de Las Palmas.
Rafael Robayna, que cumple su último curso académico antes de las elecciones en 2020, y la gerente, Eulalia Gil, publicaron en septiembre de 2019 las bases reguladoras por las que se regirán las diversas escalas de empleados que aspiren a un puesto de funcionario.
Los exámenes carecen aún de fecha pero la difusión de las bases ya es pública.
Su contenido ha irritado a los trabajadores interinos y a sus representantes sindicales, que ya han iniciado las primeras protestas contra la decisión de aplicar la convocatoria del cien por cien de las plazas a través del turno libre.
La Universidad, por su parte, argumentan a través de portavoces oficiales que todas las resoluciones se han habilitado por vía reglamentaria, “ajustadas en todo momento a derecho“.
Las mismas fuentes recuerdan que fue un compromiso del rector recogido en su toma de posesión, y recalcan que, “de algún modo se trata de ordenar” situaciones “de cierto desamparo“.
Los empleados afectados, en cambio, piden un relevo urgente en los cargos de gobierno de la Universidad y recuerdan que la vinculación laboral “ha sido tan extensa” (muchos llegan a 20 años consecutivos de actividad), que la Universidad ha incurrido en posible fraude de ley, a través de contratos que cubren plazas estructurales recogidas en RPT donde, además, aparecen dotadas en los presupuestos oficiales.
