Tres fiscales dirigen la investigación del ‘caso del agua’ contra el Cabildo GC
La acción judicial de Elmasa se cruza con las pesquisas en la estación de Tarajalillo, donde la Guardia Civil ha utilizado drones submarinos para comprobar los riesgos de salinidad en el acuífero natural del Sur de la isla
Tres fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dirigen las investigaciones por presunta corrupción del Consejo Insular de Aguas del Cabildo GC.
Junto al fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Ródenas, que se ocupa en exclusiva de los supuestos delitos contra el territorio, 2 miembros más del Ministerio Público orientan sus pesquisas sobre la posible comisión de fraude en la contratación pública, malversación, prevaricación y falsedad documental, imputables, presuntamente, al Consejo Insular de Aguas a través de resoluciones y actos administrativos que duran varios años.
Las declaraciones del consejero de Aguas, Miguel Hidalgo, que acudió el pasado lunes a sede fiscal en LPGC junto a su letrado, podrían ampliarse para esclarecer las demás acusaciones que se derivan de la denuncia presentada por la Elmasa ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, en abril de este año, en las que se exponen tratos de favor a otros operadores privados en obras hidráulicas.
Hidalgo, de Nueva Canarias, niega las imputaciones y apunta a una campaña de acción-reacción por otra denuncia que presentó el empresario Eugenio Hernández sobre el parque natural de Juncalillo, en el Sureste de la isla, según recogen La Provincia y Antena3 Televisión.
La acción judicial de Elmasa se cruza, por tanto, con las averiguaciones ordenadas por la Fiscalía para saber si se ha cometido un posible delito ecológico el acuífero del Sur.
La unidad de preservación de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) utilizó drones submarinos en la visita que giró la pasada semana a Tarajalillo con el fin de determinar los índices de salinidad que podrían afectar ala calidad del acuífero.
Este acuífero está conectado mediante galerías subterráneas con el mar, de ahí el riesgo a que pudiera “afectarse“, según fuentes conocedoras del caso.
A Tarajalillo acudió, junto al Seprona, funcionarios del Consejo Insular de Aguas. El periódico La Provincia informó que las muestras obtenidas por los drones serán analizadas en el Instituto Toxicológico de Sevilla.
El ‘caso del agua’ afecta al consejero Hidalgo, al gerente de la entidad, a 2 técnicos y a un funcionario del Ayuntamiento de SBT cuya identidad se preserva por el momento.
El caso lo dio a conocer Miguel Hidalgo en la primera reunión de noviembre del Consejo Insular de Aguas, al confirmar que era objeto de una investigación de la Fiscalía y que debía personarse acompañado de asistencia letrada.
Elmasa es una de las empresas más experimentadas en el negocio del agua en Canarias. Junto a Elmasa, dueña de la desaladora Maspalomas 1 (de la familia Castillo) figura el grupo francés Suez, con Maspalomas 2, que acaba de compra por 3.200 millones de euros toda la división hidráulica de General Electric Water, hasta ahora propietario de Ionics Ibérica.
Suez es la principal accionista de Canaragua. Suez está coparticipada por Caixa. Canaragua es la titular de la distribución y comercialización del agua en el Sur tras la compra, hace 7 años, de la concesión a Elmasa por 35 millones de euros.
