La directora general de Transportes del Gobierno canario, María Fernández (CC), descarta el «rescate» de Armas Trasmediterránea. «Es una naviera rentable y desconozco el pormenor» de las negociaciones que estarían llevando a cabo los gestores de la compañía.
En declaraciones a El Espejo Canario Radio, que dirige el periodista Francisco J. Chavanel, la titular de Transportes destacó que la prioridad del Gobierno es garantizar la conectividad. «Es una naviera que sigue operando y conectando Canarias. Nos encantaría que se siga manteniendo la competencia y la conectividad, pero también digo que no estamos ante un rescate de la empresa».
Las manifestaciones de María Fernández responden a la pregunta lanzada en el programa radiofónico sobre una posible entrada de capital foráneo en el grupo naviero que fundara Antonio Armas. La directora general llegó incluso a admitir que «desconocía» las cuentas privadas de la empresa.
La posición de María Fernández trasciende días después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas desestimara la impugnación realizada a la aprobación del plan de reestructuración del Grupo Armas Trasmediterránea, donde ratificó la homologación y viabilidad aprobada por el Juzgado de lo Mercantil Número 3 de la capital grancanaria, en diciembre de 2023.
El fallo rechazó las impugnaciones de Acciona, CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell y el Instituto de Crédito Oficial, ICO (el Estado).
La homologación del plan de reestructuración, realizada por el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, permitió la reducción de la deuda de 483 a 193 millones de euros, a través de una capitalización de deuda, garantizando a Armas Trasmediterránea contar con un balance saneado y poder afrontar con garantías su futuro financiero. Una homologación que permitió a los bonistas adquirir el 94% del Grupo y mantener a la familia Armas, fundadora de la compañía, con un 6%, garantizando su canariedad.
La sentencia dictada en diciembre de 2023 ratificó el plan de viabilidad y los esfuerzos de la compañía —basado en el consenso y establecido en colaboración con los acreedores y los accionistas— por consolidar su situación financiera y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Igualmente, condonó gran parte de la deuda financiera no garantizada, lo que resultará en un balance saneado, y estableció una prórroga del vencimiento hasta diciembre de 2026.
