Siete queserías pagaban comisiones a un club deportivo y una gestoría
El juzgado que investiga el abono de mordidas sigue el rastro de un grupo de beneficiarios desde 2016, durante el mandato de Coalición Canaria con el apoyo del PSOE
Siete queserías pagaban las comisiones lácteas del presunto fraude al Gobierno a través de un club deportivo de Fuerteventura (Tetir) y una gestoría, encabezada por Juan Bernardo Fuentes, considerado el cabecilla de la trama de corruptela, según las diligencias del caso Mediador que investiga la policía judicial y la magistrada instructora.
De momento, los nombres de las queserías se mantienen en el anonimato dentro una presunta trama de corrupción consistente en exigir comisiones a empresarios del sector ganadero y lácteo de Canarias (a cambio de ayudas europeas a la alimentación y atenuación de sanciones) y a inversores interesados en operar como entidad de la Zona Especial Canaria (ZEC).
El juzgado que investiga el abono de mordidas sigue el rastro de un grupo de beneficiarios desde 2016, durante el mandato de Coalición Canaria en la presidencia y el propio PSOE como apoyo.
Juan Bernardo Fuentes, cerebro de la trama del caso Mediador.
Juanber, como es conocido en las alas del partido, forzó en 2021 la designación de su sobrino, Thaiset Fuentes, como director general de Ganadería adscrita a la Consejería de Agricultura de la palmera Alicia Vanooestende, con el propósito de continuar en la obtención de comisiones a empresarios a cambio de favores en la tramitación de expedientes, logro de subvenciones e, incluso, levantamiento de inspecciones. Juanber dejaba ese año la dirección de Ganadería para incorporarse al Congreso en sustitución de Elena Máñez, que pasaba al Ejecutivo canario como consejera de Economía tras la designación de Carolina Darias como ministra de Sanidad.
La Policía Nacional y la Guardia Civil facilitaron la detención de al menos 12 personas y, según fuentes judiciales, el operativo podría ampliarse a medida que se intensifique la investigación, que se inició a mediados de 2022, semanas antes de que se produjera la dimisión impuesta por el Gobierno de Thaiset Fuentes, un joven político majorero que aspiraba a la alcaldía de Antigua en las elecciones de mayo de 2023. Tanto Thaiset como su tío han sido suspendidos de militancia por el PSOE.
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De momento, el único de los 12 que permanece en prisión comunicada sin fianza es el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, ya jubilado, que ocupó la jefatura de la Comandancia de la Benemérita en las Islas.
A los investigados se les imputan presuntos delitos relacionados con la corrupción política y financiera, como pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El ‘modus operandi‘ quedó definido a raíz del análisis de los mensajes de teléfonos móviles, de los registros en domicilios y oficinas y, sobre todo, en la declaración del conseguidor del caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte.
La trama operaba en varios niveles sin que existiera relación directa entre las actividades económicas, ya fueran ganaderas o de energía renovable, como así consta en el sumario. Lo que sí ha trascendido es que la jueza instructora sitúa al ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes (que dimitió a mitad de febrero de 2023) en la cúspide del entramado.
Thaiset Fuentes, ex director general de Ganadería.
Según Abc, Fuentes (también conocido como Tito Berni) exigía a los empresarios un pago inicial de 5.000 euros que se depositaba en un club deportivo. A partir de ese momento, se oficializaba la relación de influencias (con visitas al Congreso de los Diputados), ya fuera a través del sobrino (Thaiset) o de una asesoría de su propiedad, encargada de formalizar trámites como la inscripción en el registro de la Zona Especial, un procedimiento que, en condiciones normales, dura más de un año.
Los pagos o comisiones también se materializaban en actividades lúdicas, como comidas en restaurantes de lujo y locales de fiesta en Madrid, además de presentes como cajas de puro o licores. El periódico Abc publicó en su portada este sábado, 18 de febrero, una foto de Marco Navarro y Bernardo Fuentes, junto a un tercer hombre, en un club de alterne llamado ‘Sombras’, en la capital del Manzanares.
La Policía Nacional ha constatado, por ejemplo, que tres empresas ingresaron 5.000 euros cada una entre noviembre de 2020 y enero de 2021 en la cuenta bancaria de la Asociación deportiva Vega de Tetir.
Presumiblemente, las empresas serían las explotaciones ganaderas Quesería Montesdeoca, de Adeje (Tenerife), MEC Suministra, de Ingenio (Gran Canaria) y la firma Asesoramiento y Servicios de Drones, radicada en Valencia.
Francisco Espinosa, general de la Guardia Civil ya retirado.
El periódico El Día difundió que Quesería Montesdeoca abonó unos 27.000 euros para evitar una sanción de Ganadería. Montesdeoca fue captado en 2020 por el ex director general de Ganadería quien le puso en contacto con el resto de los integrantes de la trama en un viaje a Madrid acompañados por Marco Antonio Navarro Tacoronte. En esa viaje visitan la Dirección General de la Guardia Civil y conocen al general Francisco Espinosa. A partir de ese momento, el empresario quesero empieza a realizar pagos regulares pero nunca vio solucionado su expediente sancionador. Con ese dinero, el mediador, Navarro declaró a los investigadores qe se pagaron fiestas, hoteles y prostitutas.
El segundo grupo de empresarios eran en su totalidad de la Península vinculados a la industria de las energías renovables o a la detección de drones, quienes recurrían a Bernardo Fuentes para acelerar la inscripción en la ZEC y obtener de esa manera beneficios fiscales. El precio a abonar al ex diputado socialista ascendía a 3.500 euros por día e incluía un paseo por el Congreso de los Diputados, mariscadas, hoteles y fiestas en clubes.
Menos Espinosa, que permanece en prisión por su supuesta participación en persuadir a los empresarios con la presencia de la Benemérita, al resto de los implicados en la trama se les aplició medidas cautelares como retirada del pasaporte y la obligación de comunicación de cambio de residencia.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc) se ha personado como acusación popular en el caso mientras que el Gobierno de Canarias está estudiando también presentarse como acusación particular en el caso.
Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura.
Informe sobre las ayudas desde 2016
La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, que se presenta como aspirante a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane en mayo, ultima un informe que elevará al Gobierno sobre procedimientos y trámites que se siguen para el reparto de ayudas europeas (Posei, REA y PDR) y la fiscalización a la que son sometidos los expedientes.
Vanoostende señaló que hay diferentes filtros, en el trámite de resolución de las ayudas, una vez recibidas las solicitudes, sobre los controles administrativos y sobre el terreno, además de auditorías anuales de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y misiones de la Comisión Europea.
Abundó en que cada trámite lo realizan equipos funcionariales y directivos diferentes, y, por lo tanto, las auditorías «son independientes» y están «desvinculadas» las unas de las otras.
La consejera aseguró que no tenía conocimiento de que hubiera abierta una investigación judicial, y que de hecho las detenciones la «sorprendieron» de camino al Parlamento, y que recibieron una solicitud de información por parte del juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, sobre los expedientes de ayudas desde 2016 relacionados con determinados beneficiarios.
Algunos empresarios aspiraron a subvenciones y ayudas europeas sin que vieran satisfecha la contrapartida al abono de las comisiones. Según Abc, uno de los empresarios abducidos por la trama pagó hasta 60.000 euros al grupo que encabezaba Juanber Fuentes y su sobrino.
