SIC se asoma a un nuevo frente del conflicto laboral que mantiene la plantilla desde el pasado verano.
Los empleados, que llevan 4 meses sin cobrar, piden a Sanidad que siga los pasos de la Consejería de Justicia, que suspendió la relación contractual de vigilancia y seguridad.
Los trabajadores permanecen en huelga indefinida desde el 22 de diciembre.
Este viernes acudieron al Servicio Canario de Salud, en Las Palmas, para solicitar la rescisión del contrato de vigilancia con SIC.
Ante la imposibilidad de reunirse con el director del SCS, Conrado Domínguez, el colectivo de trabajadores solicitará una entrevista con el consejero del ramo, José Manuel Baltar, con el fin de elevar al máximo rango institucional la negociación después de que SIC suspendiera pagos a final de diciembre.
En el escrito registrado en la sede de Sanidad, los trabajadores reclaman «la resolución del contrato de vigilancia con SIC y la tramitación anticipada de expediente de contratación, mediante procedimiento negociado, para el periodo que resulte necesario hasta la culminación de la tramitación de adjudicación definitiva del concurso público del servicio de vigilancia«.
Los trabajadores alertan a la Consejería de los riesgos legales que se suscitan por el contratista, de ahí que «resulta necesaria la tramitación del expediente por la vía de urgencia, dada la inseguridad y falta de garantía del contrato«.
Según la dirección letrada, los empleados no han cobrado desde septiembre, pese a que el SCS abonó las facturas por prestación de servicios a la empresa contratada en la forma convenida, «provocando una situación de emergencia económica y social entre las/los vigilantes, que como no puede ser de otra manera, influye negativamente en el desarrollo de su actividad profesional«.
La plantilla recuerda que Sanidad incurriría en riesgo de complicidad si permite que SIC opere bajo el nombre de otra empresa, Sinergia, propiedad del mismo contratista, sin que haya concurrido al concurso oficial del Gobierno.
