Saur hace valer su mayoría en Emalsa al cesar a uno de los referentes del negocio del agua en España, el director general de Valoriza, Pablo Abril Martorell.
A través de su filial Gestaua, Saur controla el 66% de las acciones de Emalsa frente al 34% en manos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que actúa, eso sí, como regulador del negocio en el municipio más poblado de las Islas, una facultad que le permite, por ejemplo, contener la subida de tarifas.
El alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, que preside el consejo de administración, reiteró este miércoles, 14 de noviembre, en un acto organizado por el periódico La Provincia, que el Consistorio mantiene el contencioso ante la Justicia para evaluar la posible lesividad para los intereses público en la compra-venta del 33%.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento redactaron en verano de 2018 un sesudo informe que da pie a que el alcalde inicie acciones para retrotraer la operación entre Saur y Valoriza.
Pero Saur ha desfiado la gravedad institucional con la sustitución de Abril Martorell por un ejecutivo de su grupo, Bernardo Mingo.
El cambio se formalizó este mismo miércoles, casi a la misma vez que el alcalde pronunciaba su discurso en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas.
De hecho, la web corporativa mantiene aún a Abril Martorell como miembro del consejo de administración.
El consejo lo forman 14 personas: 4 por el Ayuntamiento (PSOE, 2, y NC y Podemos, uno por cada partido); 2 más por la compañía y 8 que irán a parar a manos de Saur.
Saur, adquirida por el fondo sueco EQT, se hizo a su vez con la sociedad Nuinsa Inversiones (bajo la que actúa Abril Martorell), de manera que pasó de una tacada a controlar el 66% de los títulos tras cristalizar varios acuerdos cruzados en octubre de 2018.
Emalsa fue convertida en sociedad mixta en 1993, durante el mandato de Emilio Mayoral (PSOE) como alcalde, cuando se adjudicó su gestión, tras un concurso público, a una UTE compuesta por Saur y Unelco.
A la oferta se presentaron también Aquagest, hoy Canaragua, que pertenece al grupo Aguas de Barcelona (Agbar); y la Compañía General de Aguas E. S.A.
Finalmente, fueron Saur y Unelco (la eléctrica vendió más tarde a Sacyr con Pepa Luzardo como alcaldesa) las que se hicieron con la compañía mixta. Ese concurso fue recurrido por Aquagest y llevado a los tribunales, en un pleito que duró dos décadas y se saldó con una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se avalaba la tesis de los adjudicatarios.
En ese proceso, en el año 2005, Unelco vendió su 33% a Sacyr y así ha sido hasta el reciente cambio de manos de sus acciones a Saur y, por extensión, al fondo sueco EQT.
Durante el mandato de Juan José Cardona (PP) estalló el conflicto entre los socios privados y el Ayuntamiento, ya que el entonces alcalde denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del ciclo del agua en la capital grancanaria.
Aquella denuncia terminó con la imputación de 15 directivos (incluido Abril) de las dos firmas por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas que dirige el magistrado Luis Galván por posibles delitos societarios.
