Sanidad remite a Fiscalía el caso de las mascarillas
El SCS recibe los informes de la Agencia Tributaria Canaria que apuntan a la posible insolvencia punible de RR7, que debería al Gobierno 4,8 millones de euros
El Consejo de Gobierno tomó conocimiento del traslado por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) a la Fiscalía, a iniciativa propia, de las últimas actuaciones sobre la compra de mascarillas que finalmente no llegaron a las Islas, según informó esta tarde el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.
El SCS adopta esa decisión tras recibir los informes de la Agencia Tributaria Canaria acerca de ese expediente; también ante la actual imposibilidad de que la empresa contratada (RR7) se reintegre los fondos transferidos a la compañía, lo que pudiera llegar a considerarse una insolvencia punible. El dinero pendiente de recuperar asciende a 4,8 millones de euros, incluidos intereses.
El SCS, tal y como expuso el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ante el Consejo, además ha trasladado la última oferta recibida desde la empresa a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria, ya que en la actualidad el expediente se halla en fase de embargo.
La Agencia Tributaria Canaria se encargará de ver cómo proceder en relación con la recuperación de los fondos transferidos, después de varios intentos infructuosos para el reintegro de ese dinero.
