El director general del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, defendió en su declaración ante el juez que instruye la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el llamado ‘caso Mascarillas‘ que «siempre» actuó «bajo la legislación vigente en cada momento».
Domínguez declaró durante más de dos horas, en el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, para defender el contrato por el que la Fiscalía le acusa de presunta prevaricación y tráfico de influencias, y subrayó que el perjudica es el propio Gobierno.
Entre 2020 y 2021, Sanidad autorizó la compra de un millón de mascarillas FFP3 en las primeras semanas de la pandemia de covid-19 a una empresa sin experiencia alguna en la importación de material sanitario, RR7 United; las mascarillas nunca fueron entregadas pese a que se pagaron cuatro millones de euros.
A la salida del juzgado, el director del SCS comentó a los periodistas haber respondido a todas las preguntas formulada y subrayó que el interés de su departamento y del Gobierno de Canarias sigue siendo recuperar los cuatro millones que se abonaron por adelantado a RR7 United.
El responsable de esa sociedad, dedicada al comercio de vehículos, Rayco Rubén González, se enfrenta a cargos por estafa agravada. También compareció ante el juez encargado del caso, Javier García Satoca, pero se acogió a su derecho a no declarar.
