El Congreso de los Diputados votará el viernes dos decretos: uno con la prórroga de los alquileres, la prohibición de compra a los fondos de inversión, las ayudas fiscales o la moratoria antidesahucios; y otro con la renovación automática e indefinida.
Si el lunes el mensaje dentro del Ministerio de Vivienda era que la negociación avanzaba a contrarreloj para alcanzar in extremis un acuerdo que convenciera a todos los grupos parlamentarios, la jornada de este martes demostró el frágil equilibrio entre los socios parlamentarios al dividir en dos el bautizado como decreto Maricarmen, el real decreto-ley de vivienda que ya prometió para julio y que aceleró después del desahucio de una mujer de 87 años la semana pasada.
El Gobierno, además, solicitó la convocatoria de un pleno extraordinario en el Congreso este viernes para votar ambos decretos, con un objetivo que parece claro: buscar la convalidación de la Cámara Baja para el primero, el cual contiene buena parte de las medidas pactadas en las últimas horas con Junts; y dejar que los diferentes grupos parlamentarios «se retraten» con el segundo, donde se recogen las exigencias más extremas de Sumar y que cuenta con muchas probabilidades de terminar derogándose.
La formación que lidera Carles Puigdemont (Juntst) es cauta hasta ver el texto definitivo; desde ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, asegura que uno de los decretos -el primero- se ha lanzado «para aprobar», mientras que el otro es «para que lo tumbe Junts y frustrar» a los partidos de a la izquierda del PSOE.
A pesar de ello, los dos partidos del Gobierno se mostraron optimistas y satisfechos con el resultado de la negociación. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que los decretos suponen «el mayor avance en materia de vivienda de la última década», algo que atribuyó a los movimientos sociales de las últimas semanas.
