Sánchez da la espalda a Canarias ante la inmigración, por Pepa Luzardo
"Ha sido lamentable que el Ministerio de Defensa no haya querido ceder ante una situación de emergencia social y humanitaria ni una sola de sus instalaciones ubicadas en el archipiélago"
En lo que va de año han llegado a nuestras costas unas 192 pateras con unos 5.000 inmigrantes irregulares, especialmente a la isla de Gran Canaria. Solo en los últimos 15 días llegaron 56 embarcaciones con 1.277 ocupantes, unas 87 personas por día, una cifra sin precedentes desde el año 2008.
Recuerdo muy bien la crisis de los cayucos en el año 2006 que llegaron a nuestras islas unas 31.000 personas, 12.478 en el año 2008, se rebajó hasta 9.191 en 2008 y se redujo hasta 2.246 en el año 2009.
Canarias no puede alojar a los miles de inmigrantes que las mafias están desviando del Mediterráneo a la ruta del Atlántico, la solidaridad que siempre hemos demostrado los canarios que fuimos también un pueblo emigrante es nuestra seña de identidad, no somos ni hemos sido xenófobo y aunque han surgido algunas denuncias, debe imperar nuestro espíritu de solidaridad, aunque es evidente que no estamos en condiciones de poder acoger a 10.000 o más inmigrantes porque nuestra capacidad de acogimiento no es ilimitada y no tenemos infraestructuras habilitadas para ello.
Por otra parte, ha sido lamentable que el Ministerio de Defensa no haya querido ceder ante una situación de emergencia social y humanitaria ni una sola de sus instalaciones ubicadas en el archipiélago. Hasta tal punto, que se negó en permitir a última hora después de estar varios días preparando este espacio la Cruz Roja, ceder las dos plantas que están vacías del Hospital Militar de nuestra capital.
El Delegado del Gobierno que no sólo no ha sido capaz de gestionar esta crisis humanitaria, sino que su ineficacia le lleva a permitir que el Gobierno de Sánchez no dé una respuesta clara ante este drama que asola a Canarias. Es difícil conseguir la implicación del Estado, si ni siquiera, es capaz de recorrer 40 minutos en su coche oficial para visitar el campamento improvisado montado en el municipio turístico de Mogán.
Le valió sólo quedarse con la imagen fiel, y lógicamente parcial que publica los medios de comunicación además del relato que le contaría su subdelegada del Gobierno, llegó a justificarse en una entrevista en Cope Canarias el viernes 11 de septiembre de 2020, que él estaba en el despacho gestionando una solución hasta muy tarde en su despacho. Lo escuché en directo y no daba crédito. Creo sinceramente que el cargo le queda grande y debería haber sido cesado.
Si a todo esto le añadimos que el ministro de Migraciones no tiene hueco en su agenda para venir a Canarias y poner sobre la mesa alguna solución a esta tragedia que además ha causado ya varios muertos y para terminar de bordarlo su secretaria de Estado denomina como pequeño percance el campamento de Arguineguín, es que no se ha enterado del insulto que pronuncio a estas miles de personas, donde en un día pueden llegar a más de 400 personas sobreviven después de la dura travesía para llegar a la tierra prometida, soportando temperaturas de más de 35 grados, un espacio con colchones, sin techo, con carpas que vuelan con el viento y tres baños para 400 personas.
Desgraciadamente, me he preguntado si esto hubiese sucedido bajo el gobierno de mi partido, estoy segura de la repulsa que se hubiese organizado, con razón, pero si gobierna la izquierda se le permite absolutamente todo y no pasa nada.
Yo misma fui a Arguineguín y pude conocer de primera mano el trabajo vital que ejerce la Policía Nacional y la Cruz Roja, entidad responsable por la adjudicación de exclusividad de la atención a los inmigrantes a pie de playa y en los espacios habilitados por la Secretaria General de Migraciones del Gobierno de España. No pude evitar acordarme de la guerra de los cayucos, de los inmigrantes que tuvimos acampados en el Parque de Santa Catalina hasta que buscamos una nave en la zona industrial de Miller dónde ubicamos hasta 1.000 inmigrantes para atenderlos de manera lo más digna posible y de la visita que hice al CETI de Melilla cuando fui portavoz de esta materia en el Senado.
Carpas de Cruz Roja alineadas junto a la escollera de Arguineguín.
Hubo un momento que nos plantamos Soria y yo para exigir los traslados a la Península. Nos pusieron de vuelta y media pero teníamos claro que era inviable atender a los miles de inmigrantes condenarlos a quedarse aquí sine die. Es indudable que estas personas no pueden estar desde septiembre del año pasado en los distintos alojamientos improvisados viviendo en Canarias porque su objetivo es dar el salto a Europa para intentar reunirse con algún familiar, trabajar y ayudar a sus familias que han pagado este viaje para conseguir salir de la pobreza y la guerra que viven en Africa.
En Las Palmas de Gran Canaria llevan varios meses ubicados cientos de inmigrantes en espacios como la Casa del Marino (con unos 37 contagiados por Covid), en el Pabellón Deportivo del Cabildo en la Isleta, en el colegio del Fondillo, en el Pabellón Deportivo del Batán, en la guardería de Zárate del Gobierno de Canarias, y ahora lo harán en el colegio público León, que este Ayuntamiento cerró engañando a sus vecinos después de las lluvias de 2018, alegando problemas de electricidad y el amianto de sus techos, inconvenientes para acoger a los niños que ha desaparecido para convertirlo en un alojamiento para 120 inmigrantes.
¿Qué pasará si siguen llegando más inmigrantes?
El presidente del Gobierno de Canarias seguirá nadando y guardará la ropa. Dirá que vendrá un ministro, y esperemos que no lo deje en ridículo, permitirá que Marlaska no abra de manera inmediata ante una situación de emergencia, la apertura urgente de los tres CIES cerrado por orden del juez Díaz Tejera, antes concejal del PSOE en este ayuntamiento, senador del PSOE, Diputado del Común propuesto por el PSOE pero independiente, que es capaz de irse a visitar el campamento de Arguineguín y hacerse una foto con la alcaldesa pero considera mejor mantener cerrados los CIES, que él como juez de vigilancia considera que son cárceles de la época de la dictadura, eso sí después de ejecutar 1,5 millones de euros por el Ministerio del Interior.
Pepa Luzardo es concejala del PP en el Ayuntamiento LPGC. Ha sido alcaldesa, senadora y diputada regional.
