Puertos del Estado obliga a posponer el contrato de remolcadores, después de que la patronal Anare presentara alegaciones al contrato de adjudicación de la licencia para operar en el Puerto de Las Palmas.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, presidido por Luis Ibarra (PSOE), recibió un correo electrónico de la Abogacía del Estado que recomendaba analizar, previamente, los argumentos de Anare, incorporados al procedimiento el viernes 6 de marzo de 2020, 72 horas antes de la celebración del consejo.
Ibarra dará 3 días escasos a los letrados del ente público en Madrid para que razonen el escrito de Anare, pero, en conferencia de prensa, advirtió de que celebrará un nuevo consejo específico el viernes 13 que abordaría, previsiblemente, la concesión a la empresa alemana Fairplay del permiso oficial para que opere en aguas de los puertos de Las Palmas.
Ibarra insistió en que el Puerto de Las Palmas cumple «con la legalidad vigente» hasta el punto de que cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos y de la Abogacía del Estado presente en el consejo de administración. «De lo contrario, no lo hubiera llevado jamás al consejo«.
Fairplay ya ha planteado la posibilidad de interponer demandas por reclamación patrimonial si ve mermados sus derechos.
La celebración del consejo acusó una bronca discusión entre el ejecutivo de Boluda y vocal, Javier Climent, y la secretaria y abogada, María Bosch, tras ser conminado a abandonar la reunión por conflicto de intereses.
Climent trató de persuadir al consejo de que podía continuar en el interior de la sala y fue invitado por Ibarra a salir definitivamente de la convocatoria.
Climent ocupa una de las 3 sillas de los grupos empresariales junto a Agustín Manrique y José Sánchez Tinoco.
El consejo aplaudió la incorporación de la consejera de Empleo, Elena Máñez, en sustitución de Carolina Darias, tras su designación como ministra.
