Puertos Canarias prevé ampliar 10 años la cementera
La propiedad de la cementera, la multinacional Cemex, se ha opuesto a la extinción del contrato concesionado por la imposibilidad de desmantelar una industria de calibre sin garantizar una reubicación alternativa
Puertos Canarias, empresa pública del Gobierno de Canarias, prevé ampliar 10 años la cementera de Santa Águeda, en el Sur de Gran Canaria.
Según fuentes empresariales consultadas por este periódico, los informes técnicos encargados por el Ejecutivo priorizan la necesidad de garantizar la producción industrial de cemento en el Archipiélago.
La cementera de Santa Águeda (también conocida como El Pajar), es objeto de controversia entre operadores privados a cuenta del uso de las instalaciones portuarias.
Un grupo de inversores del sector turístico pretende que se declare la utilidad deportiva-marítima del muelle con el fin de mejorar las calificaciones de suelo de los terrenos adyacentes al puerto y proceder, con posterioridad, a construir complejos alojativos de alto standing.
La propiedad de la cementera, coparticipada al 50% por Corporación Masaveu (España) y Votorantim Cimentos (Brasil), y no por Cemex como publicó este medio por error, se ha opuesto a la extinción del contrato concesionado por la imposibilidad de desmantelar una industria de calibre sin garantizar una reubicación alternativa.
Los gestores del polígono de Arinaga, por ejemplo, descartaron que se pudiera establecer Cemex, mientras que el Puerto de La Luz tendió la mano aunque con menor espacio que el ocupado en Santa Águeda-Arguineguín.
El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, se reunió este jueves, 4 de agosto de 2022, con dirigentes empresariales un día después de que el Consejo de Gobierno instara a las consejerías responsables a informar a las partes del conflicto del Pajar.
Franquis prevé ofrecer este viernes una conferencia de prensa para comunicar la decisión que adoptará el consejo de administración de Puertos Canarios, que preside el propio consejero.
El Gobierno de Canarias estimó que la potestad para mantener o cambiar el uso portuario corresponde a la entidad pública.
