PP del Cabildo GC denuncia una presunta red clientelar que salpica a 2 concejales de NC
El PP denuncia la existencia de una trama de posible “clientelismo político” vinculada a Nueva Canarias (NC) a través de subvenciones a dedo del Cabildo de Gran Canaria, que luego beneficiaban a cargos electos, simpatizantes y entidades afines.
Según los conservadores, se trataría de una red clientelar con ramificaciones en varios municipios de Gran Canaria, en la que estarían involucrados al menos dos concejales de este partido en los ayuntamientos de Telde y Gáldar.
Según la documentación a la que ha tenido acceso el PP, el 18 de marzo de 2019, a dos meses de las elecciones, el servicio de Medio Ambiente que dirigía el ex consejero Miguel Ángel Rodríguez (Podemos) otorgó en tiempo récord una subvención directa de 150.000 euros solicitada 4 días antes por la secretaria de la Federación de Asociaciones Unidas por la Defensa de los Animales (Fauda), Aurora Saavedra, por entonces número 8 de la lista de NC al Ayuntamiento de Telde y miembro de la Ejecutiva local, y actualmente concejala de Protección Animal, Participación Ciudadana, Salud, Sanidad, Consumo, Desarrollo Agropecuario, Ganadería y Pesca, con un sueldo público de 45.000 euros al año.
En la relación de gastos entregada por Fauda aparecen acturas a nombre de Agüimes Veterinarios SLP, titular de la clínica veterinaria Cruce de Arinaga, al frente de la cual se encuentra Yeray Macías, hijo de Francisco Macías, fundador e histórico dirigente de Roque Aguayro, además de hombre de confianza y estrecho colaborador del ex alcalde sureño, Antonio Morales, informa el PP.
El mayor pellizco de la subvención, 34.000 euros, fue a parar a una misma clínica veterinaria de Agaete, aunque en este municipio sólo se trataron 66 de los 1.638 animales que abarcó el proyecto (un 4%). Se da la circunstancia de que el responsable de este centro, Mariano Jerez, guarda, presuntamente, una “relación manifiesta de amistad” con Aurora Saavedra y a su vez lidera una de las asociaciones integradas en Fauda, Huellas por Agaete, registrada el 11 de noviembre de 2018, apenas cuatro meses antes de que el Cabildo concediera los 150.000€ a la edil de NC en Telde.
La cantidad abonada por Fauda a la clínica de Agaete contrasta con el dinero pagad a otro centro veterinario de La Aldea de San Nicolás, que facturó 9.162,84€, casi cuatro veces menos, pese a que atendió 105 animales. Y sorprenden también las 13 facturas por un importe total de 6.492,42€ abonadas a la clínica veterinaria Principal, en la Vega de San Mateo, cuando en la memoria final del proyecto sólo constan 5 animales tratados en este municipio.
Vínculo con Gáldar
Entre los gastos aportados por Fauda figuran 22 facturas por un importe total de 6.106 euros a nombre de Agustín Rafael Pérez Mateo, propietario del centro veterinario Criacanarias y a su vez concejal de Sanidad, Bienestar Animal, Consumo y Prevención de Adicciones en el Ayuntamiento de Gáldar, gobernado con mayoría absoluta por NC y cuyo alcalde, Teodoro Sosa, es consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Las dos primeras facturas presentadas por Agustín Rafael Pérez Mateo, por importe de 1.513 euros tienen fecha de 24 de mayo de 2019, dos días antes de las elecciones a las que él mismo concurría en el número 10 de la lista de NC al Ayuntamiento galdense.
Siendo ya concejal, el dueño de Criacanarias presentó otras 20 facturas por 4.593,35 euros, la última de ellas el 12 de noviembre de 2019.
Para el portavoz del Grupo Popular, Marco Aurelio Pérez, “estamos ante un caso más del clientelismo político obsceno que practica Antonio Morales, y de cómo se utilizan el dinero y los recursos públicos desde la Presidencia del Cabildo con fines partidistas para sumar apoyos, captar votos y aferrarse al poder de forma grosera y fraudulenta”.
A su juicio, “este es el modus operandi habitual de NC en su empeño por apesebrar a la sociedad extendiendo una enorme red clientelar por toda la Isla, y por eso no es casualidad que Antonio Morales vaya a destinar cerca del 70% del Presupuesto 2021 del Cabildo, más de 500 millones de euros, a subvenciones y prebendas, y apenas 69 millones a inversiones reales que generen actividad económica”.
Para analizar estas posibles irregularidades, el PP solicitó en reiteradas ocasiones el expediente de la subvención a la Consejería de Medio Ambiente, que se negó durante seis meses a facilitar la información con “excusas peregrinas”, hasta que fue obligada por el Comisionado de la Transparencia de Canarias tras la denuncia presentada por el Grupo Popular ante “las maniobras del Cabildo” para obstruir la labor de control por parte del principal partido de la oposición.
Transcurridos 14 meses desde la finalización del proyecto, la Consejería de Medio Ambiente aún no ha dado por buena la justificación de los 150.000 euros concedidos a dedo el 18 de marzo de 2019. Aun así, Fauda recibió 50.000 euros más en 2020, la misma cantidad prevista por el Cabildo para el presente ejercicio 2021.
Marco Aurelio Pérez esperará a que los expedientes de la subvención concluyan en el informe insular antes de evaluar si emprende acciones judiciales.
