Portuarios y estibadoras aceleran un acuerdo urgente para evitar multas
Última fase de la negociación antes de que se conozca el pronunciamiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para liberalizar las descargar
Portuarios y estibadoras aceleran un acuerdo urgente para evitar sanciones.
Trabajadores y empresas completan la última fase de la negociación antes de que se conozca el pronunciamiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para liberalizar las descargas.
En Canarias, el grueso de la contienda se sitúa en el Puerto de La Luz, con una plantilla de 500 portuarios armados sindicalmente hasta los dientes.
Por vez primera desde la constitución de Sestiba (ahora Sagep), portuarios y estibadores se encerraron a cal y canto en un hotel de Gran Canaria para cerrar un principio de acuerdo del convenio colectivo que evite el riesgo de sanciones.
Por el Sindicato Portuario participan Miguel Rodríguez y Maxi González, mientras que por las empresas acuden Enrique Delgado (Yesos Canarias), Bernardino Santana (LLM), Juan Pérez (Opcsa) y Francisco Naranjo (Gesport).
Santana además representa a Fedeport y Delgado, Pérez y Naranjo a Fecol y Asocelpa.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una multa desde finales de julio de 2018, contra el gremio por las restricciones a la contratación que establecieron en el acuerdo que alcanzaron el 29 de junio de 2017 por el que Anesco (la patronal) aceptaba subrogar los contratos de los estibadores portuarios -temporalmente- a cambio de que finalizaran las movilizaciones que se habían producido desde que el Gobierno anunciara su intención de liberalizar el sector.
La CNMC abrió un expediente sancionador contra la patronal y los sindicatos de la estiba a final de 2017 tras estimar indicios de que este pacto restringe “la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías”, tal y como mandata la Comisión Europea a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que amenazaba al Estado español con multas milllonarias por incumplir la libertad de establecimiento de nuevas empresas y de contratación en sus puertos.
Un mes después de que el Gobierno aprobara el decreto ley para modificar el ‘statu quo’ de la estiba, Anesco y varios sindicatos alcanzaron un pacto para subrogar a los trabajadores de los puertos y se mantenía el 100% de los puestos de trabajo en los puestos mientras se negociaba el nuevo convenio colectivo.
Miguel Rodríguez, presidente del sindicato portuario. (Foto Coordinadora).
La estrategia se aceleró en agosto de 2018 de manera que se alcanzaran acuerdos bilaterales puerto a puerto y, para el caso de Canarias, isla a isla.
En el Archipiélago, el Puerto más sensible es La Luz al concentrar la mayor operativa de carga y descarga.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, estaba a la espera este miércoles, 5 de septiembre, de ser informado al final de la jornada, según trascendió durante la presentación del barómetro del cluster marítimo de Canarias.
En Las Palmas, la distribución y la logística pagan un canon específico denominado tarifa máxima empresarial que se destina a bonificar el tráfico de trasbordo y a paliar la deuda histórica de Sestiba, superior a los 12 millones de euros.
Ahora, la CNMC pone coto a la actividad con el anuncio de multas millonarias a las compañías de la estiba por firmar acuerdos con los sindicatos contrarios a la ley que liberalizó el sector a través del Real Decreto Ley 8/2017 respaldado por el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PSOE y Podemos.
Anesco es el interlocutor prioritario para aprobar el V Acuerdo Marco, que debe establecer las bases de las nuevas relaciones laborales entre estibadores y empresas tras el cambio legislativo, pero hasta este verano las negociaciones llevaban casi un año bloqueadas, ya que Coordinadora exigía la subrogación universal.
En la actualidad, las intenciones a nivel estatal consistían en elaborar un segundo borrador del texto (del futuro decreto ley), que lleva meses guardado en un cajón, y que deja vía libre a las partes a pactar la subrogación universal en el convenio colectivo. Un punto que no está bien visto ni por la CNMC ni por la UE, que todavía no ha cerrado el expediente abierto contra España a la espera de ver como se aplica la normativa.
