Portuarios en jaque por imperativo de la UE
Portuarios en jaque por imperativo de la Unión Europea que exige a España liberalizar los servicios de carga y descarga en los puertos españoles. Bruselas amenaza a España con sanciones que alcanzan los 20 millones de euros.
Si España no liberaliza la actividad portuaria de estiba de mercancías se arriesga a la apertura de expedientes sancionadores.
La UE se ha cansado de esperar por un compromiso que no llega pese a la existencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera el modelo español contrario al derecho comunitario.
La Comisión ha interpuesto un nuevo recurso contra el Reino de España por la falta de acciones para dar cumplimiento al fallo vinculante del tribunal europeo que consideró en diciembre de 2014 que el sistema nacional vulnera el principio de libertad de establecimiento.
El Diario Oficial de la Unión Europea recoge este mes de septiembre el arranque del recurso, interpuesto el 13 de julio de 2016, en el que la Comisión Europea plantea que se declare que España ha incumplido la sentencia que sobre este asunto existe desde el 11 de diciembre de 2014 al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución del fallo.
La parálisis política motivada por un Gobierno en funciones, sin capacidad legislativa desde finales del año pasado, impide por el momento afrontar los cambios legales necesarios para dar por satisfechas las exigencias de la Comisión, según fuentes gubernamentales consultadas por Meridian.
Las multas de la Comisión ascienden a 27.522 euros por cada día que se mantenga esta situación a contar desde la emisión de la primera sentencia -la del 11 de diciembre de 2014- hasta que España adopte los cambios normativos que se le exigen o hasta que se dicte la sentencia sobre el nuevo recurso.
El tribunal europeo declaró hace 21 meses que el modelo español de la estiba incumple el principio europeo de libertad de establecimiento al imponer a las empresas que deseen prestarlo la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, en su caso, participar en el capital de ésta. Y también la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores de la propia Sagep.
Fuentes sindicales relativizan la acción de Bruselas al señalar que las prioridades son otras, como la caída de la actividad, la robotización de las tareas de carga y descaga o las prejubilaciones que se implantarán en Las Palmas con el fin de de reducir la plantilla (pasaría a unos 340 trabajadores) para aliviar los costes.
Las sanciones que impondría la UE coinciden con la retracción de la economía mundial, según el Índice Báltico, el medidor más fiable en el tráfico de mercancías.
La quiebra de la surcoreana Hanjin ha puesto además los pelos de punta a los navieros. La patronal Anave trata de abrir una nueva negociación con los sindicatos para remodelar el sistema de gobierno de la estiba.
Los problemas financieros de Hanjin, una de las líneas de transporte marítimo más grandes del mundo, dejaron cerca de 12.000 millones de euros en mercancía varados en el mar, lo cual ha elevado la presión sobre Corea del Sur y Estados Unidos para que rompan con el bloqueo. Varios barcos de Hanjin fueron confiscados por los acreedores o se les ha prohibido atracar en algunos puertos, ya que las terminales temen que no se les pague luego de descargar la mercancía, informa The Wall Street Journal.
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