Consignatarios arrastra a altos cargos del PSOE en la denuncia de los remolcadores
El letrado de Asocelpa, Enrique Moreno, oculta a las empresas asociadas el contenido del recurso contra la totalidad del consejo de administración de la Autoridad Portuaria
Patronal de Consignatarios (Asocelpa) arrastra a altos cargos del PSOE en la denuncia vinculada al caso de la empresa alemana de remolcadores Fairplay.
El letrado de la Asocelpa, Enrique Moreno, acudió este martes, 7 de julio, a la sede judicial de la capital grancanaria para registrar el recurso administrativo sin que haya trascendido su contenido al conjunto de las empresas asociadas, entre las que se encuentran también las estibadoras.
En una disputada votación, Asocelpa acordó, en asamblea general, por 15 votos a favor y 14 en contra, recurrir el pliego que regula la actividad de los barcos remolcadores en Las Palmas.
La denuncia carece de precedentes en la historia de Asocelpa al tratarse de una acción judicial que, de prosperar, abre la puerta a reclamar daños y perjuicios a todos los miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, a excepción del presidente del Cabildo GC, Antonio Morales, que se abstuvo durante la sesión oficial del mes de mayo de 2020.
Al consejo de la Autoridad Portuaria que preside Luis Ibarra (PSOE), pertenecen, entre otros, el regidor de la Confederación de Empresarios, Agustín Manrique; los consejeros de Economía y de Obras Públicas del Gobierno canario, Elena Máñez y Sebastián Franquis (PSOE); el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE) y la presidenta de Lanzarote, Dolores Corujo (PSOE); el capitán marítimo, Pedro Mederos; el vicepresidente del Cabildo GC, Miguel Ángel Pérez (PSOE); o los alcaldes de Las Palmas, Augusto Hidalgo (PSOE), Óscar Hernández (Agüimes, Roque Aguayro) o Astrid Pérez (Arrecife, PP).
El contencioso, redactado por Enrique Moreno (presidente a su vez del Gran Canaria de baloncesto), está firmado por el presidente de Asocelpa, Jaime Cabrera.
Asocelpa descartó poner a disposición de las empresas el contenido del recurso. La Abogacía del Estado tendrá que esperar a que los procuradores accedan, por decanato, al escrito de alegaciones.
Según fuentes portuarias, Asocelpa denuncia que tanto el consejo de la Autoridad Portuaria como Puertos del Estado (al que se hará extensiva la reclamación) pudieron incumplir defectos de forma en la tramitación del pliego administrativo que regula la actividad de los remolcadores para la provincia de Las Palmas.
Por ahora, Fairplay opera solo en el Puerto de La Luz, mientras que Boluda actúa en todos los puertos estatales de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
