Cases cambia a un cura por un laico como economista jefe
Histórica decisión en la Iglesia de Las Palmas al nombrar por vez primera a un seglar para las funciones de ecónomo. Cases profesionaliza el área a 7 meses de dejar el cargo
Obispo de Canarias cambia a un cura por un laico para dirigir la economía de la Iglesia en Las Palmas.
Obispo de Canarias, Francisco Cases, acaba de fichar al seglar José Ramón García, economista de profesión, para que negocie y supervise todo el capítulo de inversiones, reformas, pagos y obligaciones de la institución eclesiástica.
José Ramón García asumirá la condición de ecónomo, un rango hasta ahora conferido en exclusiva a miembros de la curia local.
García fue nombrado ecónomo de la Diócesis de Canarias el 6 de febrero de 2019.
Cases toma esta decisión histórica en la Iglesia canaria a 7 meses escasos de que su cumpla su mandato por cumplir 75 años de edad.
Los ecónomos disfrutan de unas facultades excepcionales con capacidad de firma y sustitución de la figura del Obispo cuándo éste, por ejemplo, esté fuera de las Islas.
Es la primera vez en la historia de la Diócesis que un laico obtiene la designación de ecónomo.
José García, con experiencia en banca, trabajará como un profesional contratado por la Diócesis de Canarias.
Según fuentes eclesiásticas consultadas por este periódico, el obispo llevaba unos años barajando la opción de volcar las funciones de ecónomo en un profesional acreditado.
Hasta ahora, la responsabilidad recaía sobre los sacerdotes, como fueron los casos de los párrocos de La Aldea, Santa Rita o El Batán, obligados a compaginar las finanzas con la liturgia y la labor pastoral.
La decisión final que llevó a Francisco Cases a contratar a un economista guardaría relación con el conflicto mantenido con el Cabildo GC en el inmueble de Los Salesianos, en Guía, al Norte de Gran Canaria.
La presión política del Cabildo y de una plataforma civil para convertir el antiguo colegio en un centro residencial para mayores, llevó a la Iglesia a transferir a coste cero el edificio, obteniendo como contrapartida la preservación de la capilla.
Algunos miembros de la Iglesia dejaron entrever su disgusto con el estado de las negociaciones y conminaron al obispo a llevar adelante la reforma del perfil de ecónomo.
Otro controvertido asunto, del que apenas trascendió conflicto alguno, tuvo lugar hace unos 10 años con la construcción de un centro de acogida de inmigrantes en la parroquia de Santa Teresita, en Tomás Morales, en LPGC.
La Iglesia proyectó un centro de descanso, atención y acogida para los sin papeles procedentes de África, que le costó unos 3,5 millones de euros.
El edificio se construyó sin éxito, ya que jamás se abrió como centro de inmigrantes ante las protestas airadas de los vecinos de Tomás Morales y calles adyacentes por temor a convertir la zona en tránsito de personas marginales.
Algunos partidarios de la atención a los inmigrantes tacharon de “cínico” el rechazo social al ubicarse, a menos de 50 metros, el entorno de Molino de Viento, una de las áreas de prostitución más amplias de todo el Archipiélago.
En la Diócesis de Canarias ejercen unos 160 sacerdotes con sueldo fijo que apenas llega al salario mínimo profesional (menos de 900 euros al mes).
El 30% de los curas supera los 75 años y las últimas ofertas de empleo en otras diócesis como Burgos, para cubrir las vacantes, apenas han cuajado, de ahí que la Iglesia tire de acuerdos con otros países como Venezuela, Nicaragua o Polonia para paliar la sequía vocacional.
Otra de las prioridades del ecónomo pasa por inventariar a precio de mercado la densa red de inmuebles repartidos por Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
