Natalia Medina.

El consejo de Administración de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, en reunión ordinaria celebrada este miércoles, acepta la dimisión de Natalia Medina como miembro de este órgano. La empresa está inmersa en una investigación judicial, por la Fiscalía Anticorrupción, sobre la empresa pública que gestiona la cultura y los festejos de la ciudad a través de presupuestos que suman decenas de millones de euros en los últimos años.

La renuncia de Medina, que presentó por escrito el pasado 10 de julio, fue comunicada en la reunión del órgano celebrada este miércoles y ahora será trasladada a la Junta General, constituida por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de acuerdo con lo establecido en la ley de sociedades.

Asimismo, en esta reunión la Gerencia informó al consejo de administración de la actividad actual de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, informa el Consistorio en un comunicado público.

Según informa Atlántico Hoy, en la línea de investigación abierta por la Fiscalía figuran los contratos adjudicados a Qué tal Estas, empresa organizadora de Masdanza y de la que es administradora y propietaria Natalia Medina, coreógrafa de profesión.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) se personaron a principios de julio en la sede de la Sociedad de Promoción para recabar más documentación con la que completar la investigación encargada por el fiscal Javier Ródenas.

La consejera ahora dimitida, a pesar de que su empresa organizaba Masdanza y el Across Hip Hop, ingresó presuntivamente 1,3 millones de euros entre 2022 y 2024, y pudo votar a favor de las cuentas.

Fuentes municipales aclaran que el órgano de contratación de la Sociedad de Promoción no es su consejo de administración, pero la intervención de Medina en la votación y las seis adjudicaciones a su empresa evidencian un conflicto de intereres claro, pues obtiene un beneficio económico directo o indirecto por la contratación de sus espectáculos (Carnavales, por ejemplo), informa Atlánticohoy.com.

La Fiscalía prevé iniciar en breve la ronda de citaciones para esclarecer la posible comisión de delitos de carácter penal en el manejo de los recursos públicos.

La Fiscalía trata de determinar el gasto real de los Carnavales, con vistas a averiguar si existen sobrecostes, al tiempo que revisa los contratos de exclusividad con promotoras locales como Camino Viejo, entre otras compañías y documentos.

Tras las diferentes ampliaciones de las denuncias realizadas por el PP, los agentes analizan más de 20.000 facturas y documentos.