Mobbing y tratamiento médico psiquiátrico son las secuelas que les quedan a los absueltos del caso catrastro en Tenerife, un polémico expediente judicial que mantuvo en vilo durante 5 años a 16 personas que, ahora, quedan en libertad sin cargos gracias a la sentencia de la sección VI de la Audiencia Provincial de Tenerife.
La Sala estima que no hubo pruebas suficientes para acusar desde 2013 hasta 2018 a 16 personas en una trama de intereses basada en la emisión de certificaciones catastrales con ánimo de lucro.
Ahora que están libres de cargos como cohecho o pertenencia a banda criminal, 2 de los acusados se reponen de las consecuencias de una investigación «desproporcionada» que se llevó a límites que «han provocado que mis clientes estén hoy destrozados«, según relata el abogado Andrés Martín, defensor de los funcionarios de la gerencia territorial del Catrastro, Jesús Díaz y Paloma Caravaca, a los que se responsabilizó de actuar al margen de la ley con fines crematísticos.
En una densa entrevista con El Espejo Canario Radio, que dirige el periodista Francisco Chavanel, el letrado Andrés Martín anunció la posible interposición de una querella por presunta prevaricación contra el primer juez instructor que inició el caso. «La estamos estudiando por posible vulneración del Derecho contra el juez ordinario predeterminado por la Ley. Perdió su imparcialidad al quedarse con una causa que no tenía que haberse quedado y que dice que lo hace para que no tengan conocimiento las personas implicadas. Estamos barajando esa posibilidad«.
Las denuncias de la UCO (Unidad Central Operativa) se incoaron el 30 de septiembre de 2013 ante el Juzgado de instrucción número 1 de Laguna y, con posterioridad, el juez instructor, en un auto de fecha 23 de junio de 2014, se inhibió a favor de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, solicitud que fue aceptada por Instrucción 1 de dicha capital el 14 de julio de 2014, según la sentencia a la que accedió Espiral21.
Andrés Martín considera que la investigación judicial «se llevó muy mal«, sobre todo, por la UCO de la Guardia Civil, «que vino específicamente desde Madrid» para esclarecer la denuncia de la titular del Catastro tinerfeño.
Martín considera que la UCO dieron «absoluta credibilidad» a la gerente del catastro sobre las irregularidades que denunciaba, «pero conseguimos recuperar correos y documentación que desmontaron todas las imputaciones».
Jesús Díaz pasó 4 meses y medio en prisión y sufrió 6 meses de inhabilitación para su ejercicio profesional en el Catastro.
Ambos son 2 empleados públicos de dilatada trayectoria. Jesús tiene 59 años de edad y Paloma, 47. Ella, por ejemplo, ha tramitado más de 8.000 expedientes catastrales a lo largo de carrera.
Tanto Paloma como Jesús estuvieron de baja médica y cuando se reincorporaron a sus puestos, la gerencia del Catrastro, dependiente de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, ordenó que se les enajenara de cualquier responsabilidad y que se le impidiera demostrar su voluntad profesionalidad pese a que en ambos prevalecía la presunción de inocencia.
El Ministerio de Hacienda no ha abierto aún una investigación interna contra la directora general del Catrastro por falsas acusaciones a la vista de la sentencia de la Sala.
Las investigaciones de la UCO comenzaron, según Andrés Martín, con varios meses de antelación a la presentación de la denuncia en el juzgado de La Laguna.
Los 16 acusados del denominado ‘caso Catastro’ (la mayoría pertenecientes a despachos profesionales como notarías o gestorías), se queda así en nada debido a la falta de pruebas sobre sobornos por realizar gestiones en documentos catastrales en la Gerencia Territorial.
La investigación se remontó al año 2013, cuando la gerente de la oficina territorial del catastro de Santa Cruz de Tenerife denunció diversas irregularidades.
Andrés Martín sostiene que sus defendidos «jamás recibieron ni un céntimo de nadie, quien recibió el dinero eran las gestorías por la gestiones que realizaron«, como cualquier actividad profesional.
Martín recuerda que que se pidieron «penas desorbitadas» por la Fiscalía y la acusación particular, como 80 años de cárcel en total para los investigados. «Todo aquí estaba magnificado y desproporcionado e, incluso, la investigación de la UCO comenzó antes de la denuncia, lo cual es sorprendente, lo mismo que el hecho de que se desplazaron desde Madrid a La Laguna para presentar la documentación«.
El abogado insiste en las consecuencias para la salud que sufren sus defendidos tras padecer acoso y marginación en el catastro.
A Paloma Caravacas, «la tienen para llevar papeles de un lado a otro, le han hecho mobbing y ha tenido que coger la baja«.
Jesús Díaz, «lo inhabilitaron seis meses, cuando se incorpora no le dan ninguna trabajo, entra en depresión y está de baja«.
A este respecto, el legrado lamenta el «bombardeo constante de la prensa para criminalizar» y señala que las informaciones pudieron ser filtradas por la Guardia Civil, pues «las informaciones coincidían con los atestados aunque no lo sé a ciencia cierta«.
La sentencia de la Sección Sexta deja pasajes como los enunciados a continuación:
«Nos llama poderosamente la atención, una vez revisada toda la extensa documentación contenida en los 11 tomos de instrucción de la causa y en los 4 tomos de documentación anexa, la ausencia de documentos fundamentales«.
«Consideramos que la información transmitida por los funcionarios públicos y recibida por el resto de los acusados, en primer lugar no tiene la relevancia suficiente para sobrepasar las cotas de una infracción administrativa ( sin prejuzgar su existencia); en segundo lugar , no causó daño a la causa pública; y , en tercer lugar, no se aprecia provecho alguno para los particulares que, en todos los casos, se limitaron a recibir la información en su correo electrónico sin que conste que hicieran uso de ella».
«No podemos olvidar que la instrucción de esta causa dirigió sus primeras diligencias a la obtención de información económica financiera respecto de (entre otros) Jesús Díaz y Paloma Caravaca, siendo su resultado negativo. Es decir, no se apreció ningún signo de riqueza ni incrementos patrimoniales de los que se pudiera inferir la recepción de ingresos extras ilegales por parte de los mismos, es más, nos atrevemos a recordar que la situación económica del acusado Jesús Diaz coetánea a los hechos era bastante precaria«.
