Inmigrantes africanos llegados a Canarias. (Foto TVE).

Milagro en la migración hacia Canarias en una travesía que cumplía 22 días (3 semanas) a la deriva, sin apenas agua ni alimento. El saldo muestra la contundencia de uno de los episodios más dramáticos desde que empezó en 2004 el tráfico ilegal de pateras y cayucos: 24 muertos y solo 3 supervivientes.

Los 24 cadáveres (y no 17) del cayuco localizado a la deriva el lunes, 26 de abril, a 400 kilómetros al Sur de El Hierro, constituyen la mayor tragedia ocurrida en Canarias en la ruta migratoria de África Occidental desde el 14 de febrero de 2009, cuando hubo un naufragio que se cobró 25 vidas en Lanzarote.

El cayuco solo dejó con vida a 3 africanos. Nadie buscaba la embarcación hasta que un avión del Ejército del Aire, durante un entrenamiento fuera de los límites habituales, los rescató sin apenas aliento de vida, sin apenas ponerse. Llevaban 22 días en el mar, estaban solos, «en mitad de ninguna parte«, según el equipo de rescate. Un milagro en toda regla.

«Es la misión más dura que he tenido«, destacó a los medios uno de los pilotos del helicóptero del Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR), el comandante Ignacio Crespo, tras completar una misión que estaba en los límites del alcance de su aparato: seis horas de vuelo, casi 1.200 kilómetros sin repostar.

Todos los fallecidos son de varones de origen subsahariano, según  la Delegación del Gobierno, una vez que dio por finalizado el traslado de los cadáveres desde el cayuco a unas carpas instaladas por Cruz Roja en el puerto tinerfeño de los Cristianos.

El cayuco llegó remolcado por la guardamar Talía de Salvamento Marítimo al puerto de Los Cristianos y una vez allí, efectivos de los Bomberos han trasladado los cuerpos desde la barcaza hasta las carpas instaladas por la Cruz Roja y en las que trabajan, entre otros, varios forenses.

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, lamentó la pérdida de vidas humanas. «La realidad golpea con toda su crueldad«.

Según fuentes del Ayuntamiento de Arona, en el Sur de Tenerife, los cadáveres se trasladaron al Instituto de Medicina Legal y el Consistorio, encargado de su entierro tras la decisión judicial.