Megaturbinas Arinaga estuvo 3 años sin regularizar su consejo de administración a pesar de incluir en su cartera de negocios proyectos por valor de 40 millones de euros que aún no han visto la luz.
Megaturbinas Arinaga fue investigada durante la instrucción del ‘caso eólico’ que se juzga en Las Palmas dentro de 3 meses.
Megaturbinas Arinaga es propiedad del Cabildo de GC, Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cada institución es dueña del 33,3% de las acciones con un capital social de 180.000 euros.
Ex consejeros del PP en el Cabildo como Carlos Sánchez o Jimena Delgado continuaban, hasta este mes de marzo, vinculados a la sociedad a pesar de que las elecciones de 2015 dieron paso a la alianza entre Nueva Canarias, PSOE y Podemos.
El Gobierno canario tampoco pudo desprenderse de los consejeros de la anterior legislatura, como Juan Ruiz, Jesús Velayos o Javier Pardilla.
Igual suerte corrió el Puerto de Las Palmas, que tampoco pudo suplir a Javier Sánchez Simón o a José Miguel Pintado.
En los 3 años de retraso para actualizar su consejo, Megaturbinas Arinaga ha dejado escapar un proyecto valorado en 40 millones de euros que iba a gestionar la Mancomunidad del Sureste para conectar todo el negocio del agua en al menos 3 municipios.
Megaturbinas prevé celebrar en breve un consejo de administración con el fin de adoptar un acuerdo societario que permita consolidar los 6 cargos (2 por cada accionista) que deben reanudar la actividad de la empresa con solvencia jurídica.
La empresa está presidida por Ángel Víctor Torres, secretario regional del PSOE y número 2 en el Cabildo GC.
Fuentes oficiales consultadas por Espiral21 achacan la tardanza en los cambios societarios al «vacío legal» generado por el servicio jurídico del Cabildo desde 2015. Este periódico intentó sin éxito que la corporación diera su versión de los hechos.
En 2016, Carlos Trujillo dimitió como jefe de los servicios jurídicos del Cabildo, pero mantuvo su cargo como secretario de Megaturbinas.
Además del proyecto del agua, consistente en levantar un molino de 200 metros de altura con una potencia de 8 megavatios, Megaturbinas Arinaga ha asistido a los altibajos del experimento de Gamesa-Siemmes en el Puerto de Arinaga.
Megaturbinas es la concesionaria de un suelo público en el puerto que, a su vez, sirvió para autorizar la implantación de Gamesa.
Este aerogenerador, que se puso en marcha en julio de 2013, es el primer prototipo «offshore» (instalado en el mar) de Gamesa.
Al carecer de rigor jurídico, Megaturbinas apenas ha podido negociar acuerdos a medio y largo plazo con empresas como Gamesa o Enercom para mejorar las inversiones en el desarrollo de energías alternativas en GC.
El consejo de Megaturbinas que pondría fin a las incertidumbres jurídicas, se anticipa en 3 meses al juicio que celebra en Las Palmas del denominado ‘caso eólico’.
El caso, iniciado en 2006, juzga presuntos delitos relacionados con el concurso eólico de la Comunidad autónoma.
Entre los encausados figura el empresario José Ignacio Esquível, a quien se vinculó con una opción de compra para adquirir las participaciones públicas de Megaturbinas Arinaga.
Las fuentes consultadas descartan cualquier vínculo con el ‘caso eólico’ y argumentan que «es mera casualidad«.
