Más seguridad jurídica al sector turístico
Por vez primera, quizás, el Gobierno ha dejado de ser la figura de máxima relevancia administrativa, perdiendo su preeminencia ejecutiva para cederla a un foro compuesto por técnicos de la función pública
La industria turística es el principal acicate de la recuperación económica canaria.
Turismo tiene contratadas a 255.000 personas, pero el sector servicios agrupa 722.800 empleos, el 82% de todos los ocupados canarios.
Por obvio que parezca conviene recordarlo para que nadie se llame a engaño sobre el riesgo de caer un exceso ahora que el negocio alcanza la velocidad de crucero.
Canarias forma parte de las comunidades que han liderado la creación de riqueza en estos años de marcado acento turístico.
España es ya uno de los principales receptores del planeta, según la OMT, que incluye a nuestro país en el liderazgo compartido con Francia y Estados Unidos.
Pero la industria turística abriga aún algunas incertidumbres que influyen en la competitividad.
Los empresarios apuestan por una diversificación que en islas como Gran Canaria no acaba de llegar. La calidad y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías son indispensables para que las infraestructuras alojativas y de ocio (parques temáticos o centros comerciales) estén al nivel que exigen los turoperadores.
Sin embargo, el lado público no termina de acompasarse a las previsiones empresariales cuando la seguridad jurídica es una de las premisas básicas que garantizan el éxito del turismo.
La reciente sentencia del TSJC sobre el BIC de GC permite comprobar cómo todo el Gobierno de Canarias queda a merced del criterio de un grupo de funcionarios que, con rango infinitamente inferior, forma el consejo de patrimonio histórico.
Gran parte del fallo judicial atribuye a ese consejo de patrimonio el mérito de influir en el futuro del planeamiento territorial, paisajístico, histórico y cultural del Oasis de Maspalomas.
Y muy posiblemente el TSJC no sólo actuó con astucia sino que es probable que tenga razón a cuenta de las leyes de protección que dan a este consejo una carta de naturaleza jurídica incomprensible para los tiempos que demanda el turismo.
El Gobierno y sus servicios jurídicos deberían tomar nota de este hecho inaudito y promover, conforme a la tramitación parlamentaria y la normativa vigente, cambios en la Ley para que las reglas de juego queden claras para toda la cadena de valor del turismo.
Por vez primera, quizás, el Gobierno ha dejado de ser la figura de máxima relevancia administrativa, perdiendo su preeminencia ejecutiva para cederla a un foro compuesto por técnicos de la función pública.
