Luis del Río: “La especialización da respuesta a las nuevas formas del crimen”
El fiscal jefe del TSJC clausura la edición 28 de la Universidad de Verano de Maspalomas advirtiendo del riesgo de que acortar los plazos de instrucción alienta sentencias absolutorias en delitos graves de corrupción
Luis del Río, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), asegura que la especialización del sistema judicial español “da respuesta a las nuevas formas de criminalización” y sus resultados, desde las primeras reformas de 2007, “han sido satisfactorios“.
Luis del Río clausuró el curso sobre ‘Ciberterrorismo, Cibercriminalidad y Ciberamenazas’, organizado por el profesor Fernando Navarro, con el que concluye la edición 28 de la Universidad de Verano de Maspalomas, en el Sur de Gran Canaria.
Luis del Río, en una conferencia titulada ‘Organización de la Justicia con una visión de futuro‘, abundó en los principios reguladores del sistema para la defensa de los derechos ciudadanos, basados en “una Justicia rápida, garantista, independiente e imparcial“.
La intervención de Luis del Río, ante medio centenar de inscritos, dibujó 3 ejes para ilustrar los retos y desafíos venideros: la especialización de jueces y fiscales, la transformación digital de los procedimientos y los plazos dados a la instrucción judicial fijados en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015.
En una charla de unos 25 minutos de duración, Luis del Río, que es profesor de Derecho Penal en la Universidad LPGC, reafirmó con tono categórico “el satisfactorio resultado” que presenta la especialización del sistema judicial, porque “nos ha permitido afrontar las nuevas formas de criminalización“.
La especialización se impulsa, sobre todo, a partir de 2007 con la creación de unidades específicas en áreas como la violencia sobre la mujer, siniestralidad laboral, extranjería, medio ambiente, seguridad vial, menores, crímenes informáticos, delitos económicos, cooperación internacional, drogas o ámbitos más amplios que van desde lo Social a lo Civil pasando por lo Contencioso. “Nos permite ser más eficaces cuando combatimos el delito“.
Gran parte de la comparecencia de Luis del Río giró en torno al concepto de ‘Justicia Digital’, al que calificó como “de enorme trascendencia y gran complejidad” para el sistema.
Los primeros procedimientos no convencionales se remontan a 1994, pero es en 2007, con la creación de la plataforma LexNet, cuando toma cuerpo la transformación tecnológica.
Con posterioridad, en 2011 se regula el uso de las Tic’s aplicadas a la Justicia, y se exige su obligatoriedad, que se amplifica en 2015 con las nuevas leyes del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil, y con el plan elaborado por el Ministerio para la Justicia Digital.
El propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, también en 2015, empuja la reforma informática con la garantía de comunicaciones integradas y sistemas de protección procesal que, por otro lado, permite abrir el debate en matera de protección de datos personales en virtud de la normativa europea.
Luis de Río se detuvo incluso a analizar las consecuencias de la reforma tecnológica con la siguiente pregunta: “¿Y qué ha ocurrido?” “Pues que pese al avance, ha habido quejas de colectivos y asociaciones de jueces, fiscales y funcionarios. El Consejo Fiscal pidió en 2017 paralizar la Justicia Digital por los problemas ocasionados”.
Según Luis del Río, la preocupación prioritaria pasa, por un lado, por consolidar “la seguridad y confidencialidad” de las transmisiones y de los expedientes y, por otro, por facilitar la labor de los procedimientos. “Por ejemplo, los expedientes digitales son una sucesión de documentos escaneados en pdf, o sea, son imágenes o textos, de manera que si los usas como tal el buscador no funciona y eso te obliga a imprimirlo para disponer de cierta tranquilidad. Y tengamos presente que todo esto se ha llevado a cabo con una inversión importante“.
Luis del Río recuerda que en los objetivos digitales de la Justicia no hubo “profundidad ni precisión“, que no se preguntó “demasiado” a profesionales ni asociaciones y que en España “hay distintos sistemas” que frenan la armonización. “Y entre otros factores también influye que por cuestiones culturales cuesta pasar del papel a lo digital“.
“La totalidad de los procedimientos deberían ser idénticos porque solo así cumplimos con los principios de seguridad, accesibilidad e integridad“, razonó el fiscal jefe.
Otra de las deficiencias en vías de mejora por la que apuesta Luis del Río, apunta a la práctica diligencial en la fase de instrucción de un caso, donde la normativa obliga a grabar antes que a transcribir. “Pero, ¿y si las partes piden leerlo y hay un cambio en la declaración inicial de los testigos? ¿Y si la grabación dura 2 horas? ¿Qué hacemos, la oímos toda para escuchar un pasaje en el minuto 33 y 24 segundos? Es inasumible por eso tenemos que alcanzar un consenso para implantar mecanismos adecuados“.
Respecto al eje 3, sobre la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal, en lo referente a los plazos de la instrucción, Luis del Río se solidariza con los reparos del sector. “Es un tema candente que abarca críticas con toda la razón. La reforma da 6 meses para instruir una causa judicial y prevé hasta 18 meses si es más complejo. Ahora bien, el problema surge cuando comprobamos que el legislador desconoce las vicisitudes de algunos procedimientos judiciales, por ejemplo, una comisión rogatoria, que puede durar hasta un año“.
Para Luis del Río, lo preocupante es que la imposibilidad de acatar esos plazos, abriga el riesgo de acabar “en sentencias absolutorias para delitos graves relacionados con la corrupción o con causas económicas. Tenemos, por tanto, que dotarnos de más medios y de nuevas reformas procesales adecuadas y adaptadas a nuestro tiempo porque solo así haremos realidad nuestra Justicia de futuro“.
