López Aguilar: “Salvar vidas en la mar no puede ser un delito”
"¿Debería ser posible en la UE criminalizar la asistencia humanitaria, incluido el salvamento y rescate en la mar? La respuesta es no", responde el eurodiputado canario ante países como Italia, que endurece la legislación contra los barcos que evitan el naufragio de inmigrantes
Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado español, afirma con rotundidad que “salvar vidas en la mar no puede ser un delito“.
En una comparecencia en la Eurocámara ante la comisaria de Interior, Ylva Johansson, López Aguilar salió al paso de las medidas implantadas en países como Italia, que sancionarán las actuaciones en materia de salvamento y rescate en la mar de inmigrantes víctimas del crimen organizado.
López Aguilar, catedrático de Derecho Constitucional que ha sido ministro español de Justicia, recordó a la comisaria que los Estados miembros necesitan normas adicionales para evitar regulaciones que condenan a los barcos que prestan ayuda humanitaria. “En ausencia de un marco europeo vinculante, debemos cooperar con los Estados y los gobiernos nacionales, necesitamos cooperar con ellos para atacar en origen el modelo de negocio de quienes se benefician con el tráfico de personas. Debemos exigir ese esfuerzo vinculante con visados humanitarios“.
“¿Debería ser posible en la UE criminalizar la asistencia humanitaria, incluido el salvamento y rescate en la mar? La respuesta es no. Pero depende todavía del comportamiento de los gobiernos nacionales. Salvar vidas en la mar no puede ser un delito porque, entre otras cosas, es una obligación del Derecho Internacional Humanitario y del derehco Europeo“, explica la cuenta oficial del Socialistas Europarlamentarios en Twitter.
https://twitter.com/Socialistas_PE/status/1615999067540029445?s=20&t=-Ovj8F6VI7AIrgJVkecBeQ
En la actualidad, los barcos de rescate humanitarioya no podrán pasar varios días en el Mediterráneo central realizando distintos rescates, según el criterio del nuevo Gobierno italiano. Las peticiones de asilo se tendrán que realizar en la misma nave y respondería el país que sostenga del buque, aún a riesgo de confiscación en caso de incumplir las normas.
Los capitanes se enfrentarán a multas de hasta 10.000 euros con posibilidad de una inmovilización administrativa de 20 días para la embarcación. La multa podría elevarse hasta los 50.000 euroscuando se incumpla el código de conducta italiano y se trate de entrar en aguas soberanas sin la autorización debida por parte de las autoridades.
Según informa el periódico Lamarea.com, la propiedad del barco Iuventa, confiscado por Roma en 2018, está acusado de colaborar con la migración ilegal. Cuatro miembros de la tripulación se enfrentan a 20 años de prisión.
