La Policía registra el despacho de ‘Juanber’ Fuentes en el Congreso
Meritxell Batet autoriza la petición de la juez instructora del 'caso Mediador', que pide analizar todos los dispositivos del ex diputado majorero en busca de pruebas que acrediten supuesto cohecho y tráfico de influencias
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, autoriza la petición de la juez del ‘caso Mediador‘ para que la Policía registre el despacho del exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, con el fin de seguir adelante con la trama de presunta corrupción.
En el supuesto de que la Presidencia del Congreso colaborara, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía, según el juzgado, se ocupará de abrir, analizar y estudiar el contenido de los dispositivos informáticos y de los sistemas de almacenamiento que utilizaba Fuentes Curbelo, en busca de potenciales pruebas.
De este modo, la juez da a su vez respuesta a la solicitud del equipo policial que investiga esta supuesta trama de corrupción de registrar “sin restricciones” el despacho de ‘Juanber’ Fuentes.
La Fiscalía Anticorrupción expresó sus objeciones, ya que apoyaba examinar los equipos informáticos del exdiputado, pero sugería hacerlo pidiendo permiso al propio Congreso, ya que la Constitución consagra el carácter inviolable de las Cortes Generales.
En este nuevo auto, la juez María de los Ángeles Zabala Sanz se refiere a Fuentes Curbelo como el “líder de la rama política de la organización criminal” a la que investiga y detalla que la Comisaría de Policía del Congreso le ha informado de que, en su antiguo despacho, “se encuentra diversa documentación y efectos personales” del ex diputado socialista, “así como un ordenador de sobremesa”.
La magistrada coincide con la Fiscalía en que no está a su alcance ordenar, sin más, el registro del antiguo despacho en el Congreso de Fuentes Curbelo, pero precisa que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sí le permite solicitar permiso a la presidenta de la Cámara para hacerlo y recuerda que el investigado ya no tiene aforamiento (lo perdió el mismo día que renunció al cargo, el 14 de febrero).
Para reforzar su solicitud, deja constancia de que, por lo instruido hasta la fecha, “los indicios delictivos superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas y entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción, tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo (Fuentes Curbelo) en el seno de una organización criminal”.
La instructora no se decanta por solicitar permiso para que la Policía registre el despacho, sino por pedir que el Congreso entregue a los agentes aquello que ella considera relevante: su contenido, en particular los sistemas informáticos.
Meritxel Batet, en pleno debate.
Detalla a Batet que quiere que la Policía tenga acceso a “los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, a los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como a la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales y notariales”.
También, si están en el despacho o en esos equipos informáticos, a “documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigado, inclusive documentación falsificada, útiles y demás herramientas para llevar a cabo los delitos investigados”.
La juez añade ahora que tiene “claros indicios” de la relación que existe entre los ordenadores que quiere investigar y el objeto de la causa, que “no es prospectiva”, remarca, sino que apunta de forma concreta a posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.
“Por todo ello, se estima necesaria y proporcional la medida de intervención de los terminales solicitada en relación con los tres terminales entregados, a fin de poder esclarecer los graves delitos que son objeto de investigación en este procedimiento y el grado de participación y la existencia de nuevos investigados, no existiendo otra medida menos gravosa dada las circunstancias anteriormente mencionadas”, razona.
Por último, dispone que, si la presidenta del Congreso entrega los efectos que se le han pedido, la Policía queda autorizada para “modificar las claves de acceso” si en esos dispositivos informáticos o de almacenamiento “apareciesen hechos relacionados con los delitos investigados”.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife coordina las investigaciones de un caso en el que por ahora ha sido detenidas 12 personas por cargos de presunta corrupción, que van desde cohecho y tráfico de influencias, hasta falsedad y pertenencia a grupo criminal organizado.
La investigación policial sitúa a Fuentes Curbelo, conocido como ‘tito Berni‘ como uno de los cabecillas de la trama, junto al general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas y el ‘mediador’, Marco Antonio Navarro Tacoronte.
La supuesta trama de corrupción consistía en la captación de empresarios del sector ganadero y agrario de Canarias a los que los cabecillas ofrecían la promesa de obtener “privilegios” en materia de contratos públicos a cambio de pagar un “peaje” de 5.000 euros.
También se investiga la supuesta extorsión que sufrieron otros empresarios, que presuntamente fueron amenazados con inspecciones y con dejarles sin ayudas europeas si no pagaban las mordidas.
La jueza imputa a los investigados los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.
