Juzgado y Fiscalía ponen el ojo en el comité de emergencias
Juzgado y Fiscalía ponen el ojo en el comité de emergencias del Gobierno regional, al solicitar la certificación de sus componentes desde marzo de 2020, el mes de inicio de la pandemia.
Tanto Instrucción 7 de Las Palmas como la Fiscalía Anticorrupción quieren averiguar, por la vía oficial, quiénes forman parte del comité de gestión de emergencias con el fin de intensificar las pesquisas sobre la compra-venta, presuntamente fraudulenta, de mascarillas chinas por valor de 4 millones de euros a cargo de la empresa RR7, propiedad de Rayco González.
Según la web corporativa del Gobierno, al comité pertenece la mitad del Ejecutivo, así como tres de los principales ejecutivos de la Administración.
La maquinaria judicial acaba de iniciar, por tanto, un sumario que podría durar tiempo dado que RR7 no ha reintegrado los 5 millones de euros (un millón de intereses) que le reclama la Consejería de Sanidad por no entregar el material.
La Agencia Tributaria Canaria, además, rastrea los movimientos y gastos de RR7 con el fin de contribuir a la investigación administrativa, judicial y policial y esclarecer el desvío del dinero a operaciones suntuarias como automóviles de lujo y crear una trama societaria con familiares para ocultar, al parecer, el itinerario del pago que le brindó el Gobierno.
