Juzgado admite la querella por posible fraude en las mascarillas
Acusados de presunta estafa, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y prevaricación el empresario Rayco Gonzalez, de RR7 United ; el director del SCS, Conrado Domínguez; y la ex jefa de recursos económicos, Ana Pérez
Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas, admite a trámite la querella por posible fraude en la compra-venta de mascarillas chinas operada por el Gobierno canario con la empresa RR7 United SL.
El fraude ascendería a 4 millones de euros más un millón en intereses que reclama la Comunidad autónoma. En síntesis, el Servicio Canario de Salud pagó el dinero a RR7 en varios tramos, secuenciados entre los años 2020 y 2021, pero las mascarillas jamás salieron al mercado. El Servicio de Aduanas las aprehendió por defectos de calidad.
El fiscal anticorrupción, Javier Ródenas, practicó diligencias en 2022 a tenor de la denuncia de un particular, y determinó varios delitos por presunta estafa, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y prevaricación en la operación de compra-venta.
El juez instructor Florencio Barrera imputa los delitos a tres personas, dos cargos públicos y el administrador de RR7, Rayco González.
El director del SCS, Conrado Domínguez, y la ex jefa de recursos económico, Ana Pérez, deberán comparecer ante el Juzgado en próximas fechas acompañados de letrado, con el fin de ofrecer su versión de los hechos ante el magistrado instructor, el Ministerio Fiscal y los servicios jurídicos de la Comunidad autónoma, que considerará su posición procesal como afectada por la negativa de RR7 a reintegrar el dinero percibido. Es decir, tendrá que decidir si defiende a los dos altos cargos o procede como acusación.
El instructor ordena, además, la práctica de todas las diligencias solicitadas por el fiscal Anticorrupción de Las Palmas.
El Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias será requerido para que un funcionario competente expida una certificación de los miembros que lo componían desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021 y del que formaba parte Conrado Domínguez antes de ser de nombrado director del SCS.
Hasta el 25 marzo de 2020, la consejera de Sanidad era Teresa Cruz (hoy diputada regional), fue destituida horas después de que un Consejo de Gobierno otorgara a dedo un contrato de mascarillas por 6 millones de euros que no correspondía a RR7. El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, compaginó la titularidad de Sanidad, mientras que el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, se hizo cargo de la dirección del Servicio de Salud, por la funcionaria Blanca Méndez.
El Gobierno deberá reflejar las fechas de nombramiento de los integrantes del comité, sus funciones y competencias, así como si tuvieron conocimiento de la adjudicación del contrato a RR7 United SL o, si por el contrario, se trató de una decisión del SCS.
Asimismo, conforme a lo solicitado por la Fiscalía, el juzgado pide que se proceda al embargo de siete vehículos de alta gama adquiridos por dos empresas ligadas al dueño de RR7: tres Lamborghini, un Bentley, un Mercedes, un Porsche y un Audi, al entender que fueron comprados con el dinero público que obtuvo “de forma ilícita”.
Las dos empresas de González con las que compró estos vehículos son Yimbo 7 Inversiones, en la que participa como apoderado, y Berabemar 2017, en la que figura como administradora única su madre y como apoderada la progenitora de los hijos del empresario.
El juez ordena también en su auto el bloqueo de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de las cajas de seguridad y otros activos financieros de los investigados.
El fiscal Javier Ródenas cuestiona que una empresa sin experiencia en la importación de material sanitario, como era RR7 United Limited, con solo un capital social de 3.000 euros, se hiciera con un contrato de suministro a los hospitales públicos de Canarias por un importe de 4 millones de euros.
En la plataforma de contratos públicos de Hacienda, disponible en Internet, figuran cientos de contratos firmados por Ana Pérez con otras tantas empresas adjudicatarias, como responsable de Recursos Económicos del SCS. Pérez, funcionaria autonómica, figura de baja laboral tras dimitir de su cargo nada más conocerse la investigación de la Fiscalía.
El auto de procesamiento de los tres investigados se conoció este miércoles horas después de la comparecencia parlamentaria del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y del director del SCS, Conrado Domínguez.
