Juez Salvador Alba es condenado a 6 años de cárcel y 18 de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Alba, que ha ejercido como magistrado de la Audiencia de Las Palmas, recibe el fallo judicial por la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, por sus maniobras contra la congresista de Unidas Podemos, Victoria Rosell.
Alba fue absuelto, en cambio, de los cargos de negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos, pero tendrá que indemnizar a Rosell por los daños ocasionados con 60.000 euros.
El ponente del TSJC – José Félix Mota Bello– sitúa las actuaciones realizadas por Salvador Alba en los meses que asumió el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, con el objeto de desacreditar a Rosell, por entonces diputada de Podemos en el Congreso.
Para el TSJC, se da por probado que existía una animadversión de Alba hacia Rosell y también que el procesado «torció» un procedimiento penal para obtener de forma ilícita contratos que pudieran incriminarla.
Alba ofreció a Ramírez la posibilidad de archivar su caso no solo por una mera nulidad formal, sino entrando «al fondo del asunto» de forma que quedara al margen de las reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social por el presunto fraude en las cotizaciones de sus empleados en una empresa de seguridad de la que era dueño el presidente de la UD Las Palmas.
En varias partes de la sentencia, el TSJC menciona al ex ministro y expresidente del PP, José Manuel Soria, que presentó una querella contra Rosell ante el Tribunal Supremo que la obligó a aparcar su carrera política hasta que salió elegida, de nuevo, en las elecciones generales de 2019 junto a la también diputada Meri Pita como cabezas de lista por Las Palmas.
LaSala de lo Penal desestima la petición de la defensa de Alba relacionada con la grabación que realizó Ramírez de su entrevista con el magistrado, solicitando que se denegara como prueba. Sin embargo, la sentencia no sólo la admite sino que considera que es un medio de prueba «fiable» en base a los informes de los peritos de la Guardia Civil. El tribunal considera «intolerable» e «impropio» de un juez que utilice su posición sobre un investigado para realizar una instrucción arbitraria con una clara intencionalidad.
