José Manuel Rivero: “Pablo Iglesias debería aclarar su revocación”
El abogado y analista político José Manuel Rivero analiza en Radio San Borondón los acontecimientos que conforman “una operación de largo calado y una estrategia para derrocar a este gobierno, no sólo desde la ultraderecha, sino desde las propias estructuras de poder, con una gran manipulación mediática y desinformación por parte de los grandes grupos de opinión o las manifestaciones de por parte de la patronal …”
Rivero, letrado penalista de Las Palmas, señala 3 recientes noticias que califica de “muy preocupantes“. En primer lugar, la “desaparición” de casi 2.000 personas de las listas de fallecidos por el Covid-19. En segundo lugar, el lunes, 25 de mayo, se hacía público que el juez García Castellón revocaba a Pablo Iglesias la condición de acusación particular en el caso de la investigación sobre el robo del móvil de una ex asesora de Podemos, con contenidos privados, que luego fueron usados en las conocidas “cloacas del Estado”.
“Dada la gravedad de esta decisión y ante lo que parece ser fruto de una trama que quiera eludir la responsabilidad del Estado en este episodio”, José Manuel Rivero señala que “Pablo Iglesias debería dar de inmediato declaraciones públicas para que se aclare esta incomprensible revocación“.
El analista se detiene en la destitución del coronel de la Guardia civil Pérez de los Cobos por parte del Ministerio del Interior. “Una destitución que se produce por pérdida de confianza, supuestamente debido a que éste no informó a sus superiores de un informe que había solicitado la magistrada de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, quien mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, sobre los presuntos responsables de autorizar la marcha del 8M y su incidencia en la pandemia“.
“Esta noticia ha llevado a la derecha política y mediática a acusar al Gobierno de un ataque a la independencia judicial“. En este sentido, José Manuel Rivero afirma que el ministro Fernando Grande Marlaska “tiene toda la razón en dicha destitución, porque la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es clara al respecto en su artículo Art 11-4 : ‘La Guardia Civil, para el desempeño de sus competencias propias, podrá asimismo realizar las investigaciones procedentes en todo el territorio nacional, cuando ello fuere preciso. En todo caso de actuación fuera de su ámbito territorial, los miembros de cada Cuerpo deberán dar cuenta al otro de las mismas (…). Sin perjuicio de la distribución de competencias del apartado 2 de este artículo, ambos Cuerpos deberán actuar fuera de su ámbito competencial por mandato judicial o del Ministerio Fiscal o, en casos excepcionales, cuando lo requiera la debida eficacia en su actuación; en ambos supuestos deberán comunicarlo de inmediato al Gobernador civil (hoy delegado del Gobierno) y a los mandos con competencia territorial o material; el Gobernador civil podrá ordenar la continuación de las actuaciones o, por el contrario, el pase de las mismas al Cuerpo competente, salvo cuando estuvieren actuando por mandato judicial o del Ministerio Fiscal”.
Por tanto, según Rivero, “como el Delegado del Gobierno es el querellado, la Guardia Civil debía por ley comunicarlo al Ministerio del Interior. Y aclara que poner en conocimiento no significa que el Ministerio iba a interferir en dicha investigación. “… Por ello, añade- la destitución a Pérez de los Cobos, de haber sido por este motivo, sería lógica, además era un nombramiento político, que es sensible de ser destituido por el Gobierno, por ésta u otras causas”.
