Hacienda canaria lanza una llamada de socorro ante la implantación del nuevo modelo 282, que obliga a todos los empresarios con ayudas públicas a declarar lo recibido y extraer la diferencia respecto al volumen de negocio. Para las pymes, el techo máximo de bonificaciones a computar es el 10% y para las industrias, el 17,5%. Todo lo que sobrepase ese límite será ingresado por el fisco.
En declaraciones este jueves a Las Mañanas de Cope, del periodista Maier Trujillo, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, fue rotunda: «Estamos preocupados por la ambigüedad del modelo 282. Estamos trabajando junto a los empresarios para reducir la confusión porque no queda nada claro cómo justificar los costes extrapeninsulares con las ayudas recibidas«.
Dávila recuerda que se trata de una condición impuesta por la Unión Europea a la hora de no herir la sensiblidad del Estado, pero subraya que con la justificación de figuras como el Aiem o las subvención al transporte, «que conozco bien», la situación es «casi imposible».
Modelo 282 provocó incluso una alegación de seis folios, adelantada por Meridian, por parte de la Confederación Canaria de Empresarios.
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