Gobierno canario interviene Meloneras sin esperar a la Ley del Suelo
Por J.S. Mujica
Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo interviene Meloneras 2A (donde se asientan la mayor parte de los hoteles de prestigio) sin esperar a la aprobación de Ley del Suelo.
La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, se acoge a la artículo 47 de la Ley Berriel para suspender el planeamiento municipal de San Bartolomé de Tirajana en el caso de las zonas verdes, un pleito iniciado hace 30 años entre el Ayuntamiento y Lopesan por la disputa de los espacios públicos que no ha reintegrado el grupo turístico.
El Gobierno dispone que se dan las circunstancias para “formalizar las cesiones de zonas verdes, espacios libres y viarios” que el Ayuntamiento reclama a Lopesan.
Fuentes municipales consultadas por Meridian cifran en 87.000 metros cuadrados la devolución pendiente de suelo que debe materializar Lopesan antes de obtener licencias y permisos para las obras proyectadas en la ampliación del hotel Villa del Conde, en la construcción de las villas balinesas y en el centro comercial junto al Bao-Ba. El conjunto de las inversiones, según Lopesan, superan los 200 millones de euros.
El amparo ante el Gobierno se tramitó a petición del alcalde sureño, Marco Aurelio Pérez, el 22 de julio del pasado año.
Sin embargo, las dudas legales siguen en el aire porque las partes discrepantes del proceso, sobre todo, Santana Cazorla e Hijos, anuncian que impugnarán la decisión.
Resolución del Gobierno firmada por la consejera.
Mientras no se resuelvan las zonas verdes, los técnicos municipales no darán por buenas las licencias solicitadas por Lopesan, de manera que el equipo de gobierno tendría dificultades para elevarlas a pleno para su aprobación.
El caso de las zonas verdes comenzó cuando Lopesan quiso construir un conjunto de islas frente a la costa de Meloneras como si se tratara de Dubai.
El Gobierno canario frenó el proyecto al estar prohibida la actuación sobre el agua, tal y como regula la Ley de Costas.
En el tiempo que duró el procedimiento administrativo, los abogados de Lopesan reinterpretaron los cálculos de cesión de suelo público (hasta un 10% del aprovechamiento) en base a la cartografía disponible tres décadas atrás.
Santana Cazorla encargó un informe a arquitecto José Francisco Henríquez que evaluaba el daño patrimonial al Ayuntamiento entre 80.000 y 120.000 metros cuadrados.
Lopesan, en cambio, considera que acató “con creces” su cesión de suelo, entendiendo que “ya hemos cumplido con la Ley”.
La consejera, que firma la orden, cree justificada su decisión de imponer el artículo 47 en virtud del interés general de la economía: “Ya que la situación dura 30 años (…) y no ha logrado solventarse en una de las piezas turísticas más importantes de Gran Canaria, provocando la paralización de nuevas inversiones, motivos por los que se acude a esta vía excepcional”.
Además de Santana Cazorla, también figuran en el procedimiento los grupos Riu y Del Castillo.
Los grupos empresariales demandarán al Ayuntamiento transparencia en el periodo de exposición pública y en la tramitación del expediente en al menos 4 requisitos básicos que incumplió Lopesan: cuáles fueron los espacios libres ocupados; cuáles fueron las zonas verdes no cedidas en el que se ubican, por ejemplo, parte de los jardines del Costa Meloneras en la zona que mira al Faro; cuáles fueron los aparcamientos no cedidos y cuáles fueron los motivos por los que Lopesan aprovechó un 20% más de edificabilidad gracias a un cambio puntual del Plan General que, con posterioridad, anuló el Tribunal Supremo aunque la sentencia está todavía pendiente de ejecutar.
