García Ortiz dejará de ser fiscal general del Estado tras la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a dos años de inhabilitación profesional y ejercicio público y a una multa de 7.200 euros, por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Una semana después de que acabara un juicio inédito en España, el alto tribunal adelantó el fallo de una sentencia que está por redactar, pero que ya ha sido comunicada a las partes.
La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022.
Según el fallo, que surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma, cinco de los siete magistrados han considerado que García Ortiz incurrió en un delito de revelación de datos reservados recogido en el artículo 417.1 del Código Penal.
Así, García Ortiz queda inhabilitado para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años, y deberá pagar una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros -un total de 7.200 euros-, así como el abono de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular ejercida por el novio de Ayuso, a quien tendrá que indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
Por otro lado, el Supremo ha absuelto a García Ortiz del resto de los delitos objeto de la acusación. Y señala que los objetos intervenidos en los registros realizados en la causa se devolverán a sus titulares, o en su caso, se destruirán.
Se trata de una pena mucho más baja de la que pedían las acusaciones que reclamaban hasta 12 años de inhabilitación y seis años de cárcel.
La decisión, que ha sido adoptada por mayoría, contará con el voto particular de dos de los siete magistrados: Ana María Ferrer García y Susana Polo García. Se da la circunstancia de que esta última era la responsable de redactar la ponencia de la sentencia.
Ambas magistradas, que forman parte de la corriente progresista, disienten del fallo, lo que ha hecho que tenga que ser el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia
Durante el juicio, García Ortiz negó rotundamente haber filtrado el 13 de marzo de 2024 el mencionado correo y recalcó que «la verdad no se filtra; la verdad se defiende».
Ahora la sentencia deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz, que ahora podrá presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
