Capitanía Marítima impuso «la soberanía española» en aguas de Gran Tarajal como si Fuerteventura no formara parte del territorio nacional.
En el documento oficial de Capitanía Marítima al que ha accedido Espiral21, el responsable, Pedro Mederos, se despacha con expresiones en las que hace valer la jurisdicción o la titularidad española de las aguas para denegar el permiso de fondeo de las gabarras a una empresa canaria, Cargo Lanzarote SL, con delegaciones en varias islas.
Coalición Canaria no ha expresado aún su posición política sobre el texto, que «parece dirigido a un país tercero antes que una empresa que utiliza los servicios de un puerto que gestiona la Comunidad autónoma«.
Capitanía Marítima remite cualquier opinión al departamento de prensa del Ministerio de Fomento.
Precisamente, el pasado viernes, durante la inauguración de Granadilla, en Tenerife, el presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, no tuvo oportunidad de exponer al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el alcance de la respuesta de Capitanía Marítima. «Es un documento remitido a una empresa privada«.
La posición de Capitanía Marítima se conoció a mediados de la pasada semana, pero el documento entero se muestra por vez primera a través de este periódico.
Fuentes portuarias consultadas por Espiral21 consideran que Capitanía Marítima apenas ha apelado en su historia reciente a la «soberanía» española de las aguas canaraias cuando se trata de evaluar un incidente portuario.
Segú CC, las gabarras de Gran Tarajal, en Fuerteventura, «sacan a relucir» un riesgo de crisis del Estado contra Puertos Canarios.
Puertos Canarios es una empresa pública dependiente de la Consejería de Obras Pública que dirige Pablo Rodríguez, encargada de gestionar 47 instalaciones.
Desde que ganó el PP en 2011, las instancias del Estado en materia portuaria han diseñado una guerra sorda con las aspiraciones de Coalición Canaria para frenar la expansión inversora de los puertos de titularidad autonómica.
El hundimiento de las gabarras en Gran Tarajal prueba que las dotaciones financieras de Obras Públicas son escasas teniendo en cuenta que es el puerto que une la línea de pasajeros y automóviles de Fred Olsen con Gran Canaria.
El pasado año, las cantidades asignadas al plan de protección de Gran Tarajal se cifraron en 10.000 euros para un presupuesto hasta 2020 que debe llegar a 70.000 euros.
Según el vicepresidente del Cabildo de Fuertevetura, el socialista Blas Acosta, la partida de 2017 jamás se ejecutó.
Para 2018, Puertos Canarios ha previsto 40.000 euros, la asignación más alta del plan, pero aún está sin desarrollar.
El consejo de administración de Puertos Canarios está compuesto por 27 personas, la mayoría políticos de CC.
Según fuentes nacionalistas consultadas por Espiral21, el Estado incurrió en un «despropósito» a la hora de denegar el fondeo de las gabarras en aguas exteriores a Gran Tarajal, «sin calcular la posibilidad de su traslado a Puerto del Rosario«.
Puerto del Rosario es un área de titularidad estatal, gestionado por la Autoridad Portuaria y, aunque el presidente (en este caso Luis Ibarra) es designado a propuesta de la Comunidad autónoma, las facultades para decidir casos como el de las gabarras corresponde a Capitanía Marítima, o sea, al Ministerio de Fomento.
Capitanía Marítima denegó el permiso amparándose en las adversas condiciones climatológicas.
La suelta y hundimiento de las gabarras, algunas de nacionalidad africana, provocaron un caos en el puerto de Gran Tarajal y la irritación de los residentes de la localidad, cuya principal fuente de ingresos es la actividad turística.
En la noche del viernes, se produjo una sonada concentración de gritos y abucheos a Fernando Clavijo y Pablo Rodríguez.
