Fundescan se somete a juicio 19 años después de la denuncia del Gobierno autónomo contra parte de la cúpula de UGT por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y de defraudación en subvenciones púbicas vinculados a fondos de formación.
La primeras pesquisas por posibles ilegalidades se originaron en el Servicio Canario de Empleo (antes Icfem) a través de un informe técnico anónimo de 2010, del que las defensas jamás tuvieron conocimiento de su autoría.
Parte de los intervinientes en la causa han fallecido, como fue el entonces secretario regional, Juan Fontes. Incluso el máximo dirigente de la central sindical, Cándido Méndez, llegó a contratar a uno de los despachos jurídicos más caros del país para eludir la responsabilidad subsidiaria del sindicato.
El procedimiento judicial investigó a los miembros del patronato de Fundescan, que también pertenecían a UGT y que, presuntamente, utilizaban subvenciones para cursos con otros fines, como pagar las deudas económicas del propio sindicato, que en ese contexto había afrontado otro lío que lo tuvo contra las cuerdas, el caso PSV, que llegó a la renuncia al histórico Nicolás Redondo.
La parte penal de este proceso hace que los sindicalistas procesados se enfrenten a una petición de cárcel de hasta seis años y una inhabilitación de dos años de desempeño de cargo público.
El caso investiga unos hechos que se iniciaron el 6 de febrero de 1996, cuando UGT Canarias creó Fundescan. Según la exposición de motivos del auto judicial del juez instructor en Las Palmas, los investigados «comenzaron a usar Fundescan como un instrumento para la financiación indirecta de UGT Canarias, y ello principalmente mediante la obtención de subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias y Fondos Europeos destinados a la formación de trabajadores y el desarrollo de los denominados planes de formación».
Desde la Fundación se solicitaron subvenciones para el desarrollo de diversos planes de formación dirigidos a trabajadores durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009.
