Fomento, a través de Puertos del Estado, trata de destituir a Luis Ibarra en Las Palmas por un expediente que el Estado autorizó en 2011.
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ni siquiera se ha atrevido a comunicarle a Mariano Rajoy y al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, la ofensiva que plantea su departamento contra la autonomía política de Canarias en materia portuaria.
Íñigo de la Serna, al que Rajoy ha encargado que renegocie con Canarias la financiación de carreteras tras las derrota del Estado en el Tribunal Supremo (las cuantías superan los 500 millones de euros), tampoco ha querido informar a los nacionalistas canarios, tanto de Coalición Canaria como de Nueva Canarias, de la decisión que le ha formulado de forma oficiosa el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, para proceder al cese a Ibarra.
Íñigo de la Serna tampoco ha valorado que Montoro telefoneó esta última semana de febrero a los nacionalistas para recabar su apoyo en los presupuestos de 2018.
La elección de los 2 presidentes de las autoridades portuarias canarias corresponde al jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo. Según fuentes gubernamentales consultadas por Espiral21, el Ministerio “no se ha dirigido” a Presidencia “ni tampoco ha planteado que haya conflictos con el Puerto de Las Palmas”.
Según las mismas fuentes, a menos de un año para las elecciones autonómicas, Clavijo no se plantea relevos en los puertos de Las Palmas y Tenerife.
El Ministerio ni siquiera ha consultado la crisis que pretende abrir en el Puerto de Las Palmas con Asier Antona, presidente del Partido Popular, al que aboca a una fisura en las relaciones con la patronal. Los empresarios del Puerto agrupados en Fedeport y Asocelpa apoyan la continuidad de Ibarra.
Íñigo de la Serna desconoce ahora mismo que el PSOE canario (el partido de Ibarra) mantiene alianzas con Coalición Canaria en 20 ayuntamientos y 3 cabildos insulares, mientras que el PP ha salido al rescate del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, líder de CC en la isla conejera y miembro del consejo de administración del Puerto.
El contencioso fue admitido por Madrid
El contencioso que libra Puertos del Estado con Las Palmas tiene su origen en una remuneración salarial por residencia.
La medida solo afecta a 29 de los 350 trabajadores que componen la plantilla del Puerto de Las Palmas. Ni Luis Ibarra ni los 2 últimos directores cobraron esta asignación complementaria.
La ofensiva de Madrid contra Las Palmas no es nueva, pero respecto al plus de residencia, Espiral21 comprobó que Puertos del Estado ya autorizó la operación de es plus hace 7 años, tal y como prueban los documento que obran en este periódico.
El dictamen de 20 páginas fue redactado en 2011 por el ex director general de Puertos del Estado, Julián Maganto, a petición del entonces presidente del Puerto en Las Palmas, Javier Sánchez Simón.
Puertos del Estado incluye como novedad que se considere el plus como un derecho de los trabajadores a extinguir cuando se alcance la equiparación salarial con el resto de los trabajadores, de forma que los empleados regulados por el convenio colectivo (la gran mayoría) no cobraran menos.
Sánchez Simón, que es inspector fiscal, aceptó en 2011 (el año de su cese) la posición de Puertos del Estado.
Desde 1996, los beneficiarios del plus ingresaban el equivalente al 15% del suelo base.
En 2007, el interventor de Hacienda adscrito a la Autoridad Portuaria de Las Palmas cuestionó el plus, alegando que eran pagos irregulares, pero el dictamen posterior de Maganto fue contundente, tal y como se puede leer en el siguiente folio.
El interventor volvió a la carga en 2014 reparando las cuentas de 2011 y 2012. Elevó el expediente a la Intervención General de Cuentas, responsabilizando de un presunto quebranto a las arcas públicas a Luis Ibarra y los directores Salvador Capella y José Miguel Pintado.
José Llorca se personó en una causa ordinaria en el Tribunal de Cuentas para acusar a Luis Ibarra y a Pintado (jubilado en 2017) por el pago del plus que se abona desde hace 32 años.
Ibarra, que llegó a la presidencia del Puerto en 2011, no cobra ese plus y Pintado tampoco.
Llorca propuso al Tribunal abrir un procedimiento ordinario que tiene, como telón de fondo, promover la inhabilitación de Ibarra para destituirlo.
Ibarra solicitó en febrero de 2018 el amparo del consejo de administración del Puerto con el fin de consensuar las alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, tras recibir el escrito de acusación en enero.
Puertos del Estado considera que el pago del plus de residencia en Las Palmas (120.000 euros al año) carece de fundamento frente a otros territorios no peninsulares, como Santa Cruz de Tenerife, Baleares, Ceuta y Melilla, que no lo abonan.
Este periódico intentó, sin éxito, que Puertos del Estado ofreciera su versión de los hechos.
En las alegaciones, el Puerto de Las Palmas incorpora las sentencias de los juzgados de lo Social que obligan a la Autoridad Portuaria al pago del plus como complemento salarial, reconociendo los derechos adquiridos de los trabajadores. Y también aporta el informe de Maganto que José Llorca ha omitido en el expediente que ya conoce el ministro Íñigo de la Serna.
El Tribunal de Cuentas nombró a una jueza para evaluar si había caso de perjuicio económico. El 17 de septiembre de 2017, la instructora propuso el archivo de la causa. Le dio traslado al abogado del Estado y éste, a su vez, informó a José Llorca.
Llorca discrepó con el archivo y exigió al letrado un nuevo informe (de un folio) que entró en la Autoridad Portuaria en enero, dando un plazo de alegaciones al Puerto.
Llorca jamás llamó a Ibarra para informarle de la decisión, a pesar de que los presidentes de las autoridades portuarias son designados por la comunidad autónoma.
El abogado del Estado excluye de su informe el dictamen de 2011 de Julián Maganto, las sucesivas sentencias de los juzgados de lo Social y los acuerdos de los consejos de administración de Las Palmas a los que asistió José Llorca como vocal (2007-2011) en representación del Estado dando por buena las prácticas salariales del plus de residencia.
Los asesores de Ibarra consideran que está en juego la autonomía política de Canarias para gestionar los recursos isleños, tal y como le confiere su Estatuto regional.
La tramitación del expediente del plus de residencia coincide con la personación de la Autoridad Portuaria en la instrucción del caso de La Esfinge, que afecta a 2 ex altos cargos del Puerto por varios delitos penales durante la construcción del muelle. El caso lo instruye el magistrado Javier García Satoca.
José Llorca tampoco ha traslado al ministro los pormenores de la instrucción judicial sobre La Esfinge, a pesar de que le puede afectar como institución ya que durante la tramitación de las obras, Llorca era vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Las obras costaron más de 40 millones de euros.
